El sector de las casas de apuestas en la Comunidad de Madrid puede afrontar un futuro lleno de complicaciones para su negocio.
El gobierno madrileño ya ha sacado a consulta pública el anteproyecto para la reforma de la ley del juego, que será la norma que marque cómo debe desarrollarse esta actividad en toda la región.
Una legislación que irá en la línea de las restricciones que ya realizó el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso meses atrás. Entre esas medidas que limitarán la acción de las empresas está en estudio la posibilidad de que se establezca una distancia mínima entre cada local físico para apostar, como ha podido saber La Información. Lo que se acompañaría de un aumento considerable de los metros a los que tendría que estar una sede de una firma de este tipo de emplazamientos como los colegios, que en la actualidad está situado en 100 metros.
Este planteamiento de que haya un trecho establecido entre las sucursales de las firmas de juego es una medida que ya se aplica en otras autonomías, como la Comunidad Valenciana. En Madrid, zonas como Vallecas o la calle calle Bravo Murillo se han llenado de casas de apuestas en los últimos años, aprovechando el cierre de comercios históricos o de otros que no funcionaron.
Esto ha provocado que en apenas 300 metros puedan encontrarse numerosos locales del sector, que además ofrecen precios muy asequibles por otros servicios, como un desayuno o consumiciones de bebidas.
Lo que ha sido condenado por asociaciones de vecinos y grupos que rechazan la proliferación de la actividad, tachando de «plaga» esa concentración en una sola vía.La Comunidad se ha fijado en esta medida por su interés en «impedir un incremento excesivo de la oferta de juego y la elevada concentración de establecimientos de este tipo en determinadas zonas», como señala el texto de la consulta pública, abierta hasta el próximo 14 de julio.
Las fuentes consultadas por esta redacción inciden en que es una de las posibilidades que están analizando. Aunque el documento previo a la elaboración del anteproyecto es muy claro al respecto, al explicitar que son necesarias «medidas de racionalización de la oferta de los locales de juego en nuestro territorio a través de su planificación, con la finalidad de corregir las disfunciones que produce el crecimiento desmesurado y desordenado de este tipo de establecimientos».La otra ‘patata caliente’ que tiene que solventar la Consejería de Interior y Justicia, que dirige Enrique López, tiene que ver con la distancia prudencial que debe existir entre un centro educativo y las casas de apuestas.
Antes de la llegada de la coalición que lideran Ayuso e Ignacio Aguado, el último gobierno del PP estableció en 100 metros el mínimo de separación entre los locales y los colegios o institutos. Lo que se está planteando el actual Ejecutivo es aumentar esa distancia. De hacerse, «se aumentaría mucho más», según las fuentes consultadas.
Una de las regiones más ambiciosas en ese sentido ha sido la Comunidad Valenciana, que situó en 850 metros el mínimo entre un negocio de juego y los emplazamientos de educación primaria y secundaria.Otra cuestión que se está examinando es la lista de actividades a las que se protegerá de tener una casa de apuestas cercana a sus instalaciones.
En otras CCAA, los centros sanitarios y deportivos se ponen a la altura de los colegios, y tampoco está permitido que haya locales a su alrededor. Madrid aún no lo ha decidido, pero en su texto preliminar explicita que su objetivo es «ordenar la oferta de juego por razones imperiosas de interés general que justifican la intervención administrativa dentro de un marco de libertad de empresa».
Lo que justifican con poner en marcha «una política de juego responsable, garantizando la salud, el orden y la seguridad pública, protegiendo especialmente a aquellos colectivos más vulnerables como son la infancia, la adolescencia y la juventud, y aquellas personas que tienen problemas con la práctica del mismo, adoptando medidas que velen por el equilibrio de los intereses de las partes».
Desde el Ejecutivo regional insisten en que el juego se trata de «una actividad totalmente legal», pero que su intervención está avalada por el impacto que tiene sobre la salud pública. Bajo esa premisa se tomó la decisión de suspender la concesión de licencias durante 18 meses en noviembre de 2019. Está por ver qué ocurrirá cuando se cumpla ese plazo en mayo de 2021, ya que las fuentes consultadas destacan que la nueva legislación va a suponer que el sector tenga que adaptarse a una nueva realidad.
Un cambio de modelo que se notará en las sanciones para la empresa que permita en sus locales la entrada de menores o de personas autoprohibidas (las que se apuntan en un listado para que no les permitan acceder a los establecimientos). La multa máxima pasará de ser de tan solo 9.000 euros a alcanzar los 600.000 euros, con el fin de que «no le salga gratis al que incumpla», señalan estas fuentes. También habrá mayor limitación para la publicidad física del sector y al juego online, aunque la región apenas tiene competencias sobre este último.
Además, se continuará vigilando la rotulación que realicen los establecimientos por si muestran en sus escaparates modalidades de juego que no pueden acoger, como las ruletas.La Consejería de Interior, Justicia y Víctimas, que tiene las competencias del Juego desde que Ayuso es presidenta, asegura que todas las decisiones que tomen con respecto al sector se ajustarán a los criterios marcados por el Tribunal Supremo.
Una referencia al aval que dio el Alto Tribunal a que existieran distancias mínimas entre las casas de apuestas y ciertos puntos estratégicos como los colegios, siempre que se justificaran las razones para hacerlo. Por el momento, las empresas tenían hasta 10 años para adaptarse a normas como la del mínimo de 100 metros. Circunstancia que puede cambiar en apenas unos meses debido a la futura ley y que podría alterar sus planes por completo.
