
La Comunidad de Madrid espera tener lista en abril la modificación de la Ley del Juego, que será «exigente» con los problemas derivados a los menores de edad y los colectivos más vulnerables con un endurecimiento del régimen sancionador por su acceso, pero que se permita el desarrollo «ordenado» de «una actividad económica legal».
En una comparecencia en el Pleno de la Asamblea de Madrid, a petición de Unidas Podemos, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, ha subrayado que la nueva regulación busca desarrollar «un marco garantista del interés general y especialmente para la protección de los vulnerables».
El Gobierno Regional está ultimando el decreto de planificación del juego, que busca proteger «a los más frágiles», establecer «una planificación ordenada» de los salones de juego y locales de apuestas para corregir «las disfunciones de un crecimiento desmesurado» e «impedir la elevada concentración» de estos establecimientos en determinadas zonas, ha relatado López.
En estos momentos, el decreto está en fase de emisión del informe de Abogacía General de la Comunidad de la Comunidad de Madrid y, según ha avanzado López, está prevista su aprobación en el mes de abril.
El consejero ha explicado que el Gobierno regional aprobó una moratoria para suspender la concesión de nuevas licencias de apertura de casas de apuestas, que fue prolongada hasta mayo de 2022 hasta la aprobación del decreto de regulación, que ha reducido «de forma relevante» la apertura de nuevos establecimientos, pero ha precisado que aquellas que estaban en trámite «se han ido concediendo».
Con la nueva normativa, el Gobierno regional vetará la apertura de nuevos establecimientos en las «zonas de alta concentración» y además se facilitará el traslado de los locales ya existentes para disminuir la saturación en dichas zonas.
Proteger «a los más frágiles» es el principal objetivo de la modificación de la Ley del Juego, ha matizado López, que aumentará las medidas de control para impedir el acceso de menores y serán «zonas de especial protección» las que tengan locales a menos de 100 metros de un centro educativo.
Para «paliar» el «riesgo» en los locales que ya estén ubicados en estas zonas, se refuerzan los controles de admisión en los que tiene que haber «obligatoriamente una persona física permanente» para las tareas de control y admisión.
La modificación legislativa conlleva un cambio en el régimen sancionador y el acceso a casas de apuestas y salones de juego de menores y colectivos vulnerables, y pasará de ser una infracción grave a muy grave.
Por otro lado, para disminuir los locales de apuestas ubicados en las proximidades de los centros educativos y favorecer «la desconcentración en zonas saturadas», se contemplan los traslados a otras que lo estén menos, y se establece una distancia mínima de 300 metros entre estos establecimientos para las nuevas autorizaciones.
Además, contemplará la prohibición de las acciones de captación de clientes en los locales, las campañas publicitarias protagonizadas por famosos y el patrocinio de eventos deportivos, y se incluye regulación del juego responsable, que obligará a las empresas del sector a prestar «la debida atención» a los colectivos de personas vulnerables a la práctica del juego; a promover actitudes de juego moderado, no compulsivo y responsable; y a informar de la prohibición de participar a los menores de edad o a las personas incluidas en el Registro de Interdicciones de Acceso al Juego.
Estas modificaciones en la normativa están incluidas dentro de la llamada Ley Ómnibus, que aprobará próximamente el Consejo de Gobierno para iniciar su tramitación parlamentaria en la Asamblea de Madrid.
En el anteproyecto de Ley Ómnibus, por el que se modificaron 33 leyes, así como cinco decretos vigentes en la Comunidad de Madrid, de cara a las casas de apuestas, plantea también la ampliación de los procesos de respuesta administrativa que pasa de dos a tres meses para las peticiones de instalaciones de máquinas en bares y cafeterías, al igual que el régimen del silencio de los procedimientos de autorización de locales específicos de apuestas y zonas de apuestas.
LA IZQUIERDA TILDA DE «RÍDICULA» LA MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA
«Esto es una broma de mal gusto», ha dicho la diputada de Más Madrid Raquel Huertas para quien estas modificaciones son «ridículas» y duda de si el Ejecutivo regional «es consciente o le da lo mismo lo que está pasando con la juventud madrileña».
Además, cree «inútil» que la distancia se aplique «sólo a un 1 %» de las casas de apuestas, lo que es «una tomadura de pelo» para los vecinos de las zonas saturadas por estos centros.
Desde la bancada socialista, el diputado Fernando Fernández Lara ha señalado que «no es buena noticia» la cercanía a los centros educativos y la proliferación de locales en muchos barrios, «normalmente más humildes» y además ha lamentado que la medida de que estén a una distancia de 500 metros entre sí «parece que se van a quedar en el olvido».
Ha pedido al consejero que no haga un uso político de esta actividad ya que se trata de «un problema grave«, que se preserve tanto el juego responsable como el Empleo y se acuerden medidas con los agentes sociales con el fin de evitar el «juego problemático», previniendo «el más mínimo riesgo de ludopatía» sobre todo en los más jóvenes y las personas que tienen menos recursos.
El diputado de Unidas Podemos Tito Morano ha espetado al Ejecutivo regional que su regulación sirven «solo para que sigan exactamente igual» y deberían tomar medidas ante una problemática «que no es un politiqueo de pasillo sino una cuestión pública».
Para él, el establecimiento de la distancia con los centros de educación es «ridícula» y no evitará la adicción entre los menores: «Esto es una vergüenza. Está jugando con la salud de los menores y las personas vulnerables», ha dicho
Fuente: madridactual.es