Fernández Viaña asegura que el Gobierno “no escatimará esfuerzos” para conseguir una norma con el “máximo consenso” y avanza la incorporación de algunas de las sugerencias presentadas.
La Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior ha cerrado esta semana el proceso de estudio y revisión de las alegaciones presentadas al anteproyecto de ley en materia de juego, así como la ronda de reuniones que ha convocado con este propósito con las asociaciones y colectivos impulsores de las mismas.
El pasado 5 de mayo se cerró el trámite de información pública de la nueva norma, presentándose alegaciones y sugerencias por parte de 14 colectivos y organizaciones de Cantabria, entre las que se encuentran asociaciones empresariales del sector y de prevención de la ludopatía, partidos políticos, organizaciones de padres y madres de alumnos de Cantabria, entre otras plataformas.
Con todos ellas, la Consejería de Interior ha celebrado reuniones individualizadas con el fin de debatir “una por una” las alegaciones presentadas. Fernández Viaña ha adelantado que el Gobierno incorporará algunas de las sugerencias planteadas en el proceso de información pública y que mejoran el texto normativo.
Y es que, como ha resaltado, el Gobierno tiene como objetivo lograr un acuerdo “que satisfaga a todos los sectores en la medida de lo posible”, pero “bajo la premisa básica” del juego responsable, “el eje vertebrador de la ley”; la protección de los colectivos vulnerables, y la salvaguarda de los derechos de las personas usuarias en los juegos.
En este sentido, ha valorado especialmente las reuniones con los colectivos que han presentado alegaciones y sugerencias, creando “un foro de reflexión conjunta que ha ayudado a entender mejor la ley y aunar esfuerzos para expresar ideas que consideramos necesarias para una mejor regulación del sector”. “No escatimaremos esfuerzos” para conseguir una ley con el “máximo consenso”, ha subrayado.
Contenido del anteproyecto
Previamente y con el objetivo de elaborar el anteproyecto de ley, la Consejería de Presidencia constituyó también un grupo de trabajo representativo de todos los sectores. De este grupo emanó un primer texto normativo que salió a información pública, en el que se incluyen limitaciones de la publicidad del juego, medidas de prevención del juego patológico y una planificación adecuada de los establecimientos de juego.
Sobre publicidad, se exigen unos requisitos una selección consciente de actividades de juego, así como la necesaria comunicación previa de cualquier actividad en este ámbito.
Igualmente, se establecen, por primera vez, medidas de prevención del juego patológico, que, para que sean más eficaces, se extienden a todos los ámbitos de la sociedad: la sanidad, educación, juventud, políticas municipales y entidades que traten problemas de adicción.
En lo que se refiere a la planificación, se establecen límites cuantitativos en lo referido al número máximo de autorizaciones y establecimientos de juego, así como en la fijación de un régimen de distancias mínimas, entre los establecimientos entre sí, así como en relación con centros educativos y unidades de salud mental.
Por último, la futura ley regula el servicio de admisión, que deberán tener todos los establecimientos de juego, el Registro de Interdicciones de Acceso al Juego en Cantabria y un nuevo régimen sancionador que ofrece una mayor protección a las personas menores de edad y colectivos especialmente vulnerables.
Actualmente, en Cantabria hay 42 salas de juego, con 6 locales específicos de apuestas y 5 bingos.
Primeras medidas de juego responsable
La comunidad autónoma inició en 2018 las acciones para introducir políticas de juego responsable con el fin de reducir los riesgos para la salud y ajustar la oferta de salas de juego a la población, como fue el caso del régimen de distancias entre locales de juego y centros escolares, en el que Cantabria fue pionera.
También, ha establecido una suspensión temporal de las autorizaciones de apertura de nuevos locales de juego y apuestas, mientras se tramite la nueva norma, con el objetivo de salvaguardar a los colectivos de especial protección, los menores y personas con ludopatías.
Igualmente, la Consejería de Interior implantó una caducidad de los estudios de viabilidad necesarios para la concesión de las posteriores licencias de apertura, que posibilitó que decayeran 11 nuevas licencias de salas de juego en Cantabria.
Actualmente, tramita el decreto del servicio de admisión obligatorio, que impedirá el acceso a los locales de juego a los menores y a las personas que están inscritas en el registro de interdicciones.
Desde enero de 2020, señala la Consejería, Cantabria mantiene en vigor un régimen de distancias muy restrictivo entre locales de juego y centros escolares y de atención a las ludopatías, una medida de planificación que promueve la protección de los colectivos más vulnerables, pero también evita una proliferación excesiva de establecimientos.
Fuente: elfaradio.com
