El Gobierno de Aragón reforzará los controles de acceso a los salones de juego de la Comunidad. La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, ha avanzado este martes en la comisión de Hacienda de las Cortes, en la que ha desgranado el presupuesto de su Departamento, que el Ejecutivo implantará una nueva aplicación informática en las casas de apuestas para recopilar los DNI de los usuarios y bloquear la entrada a menores de edad y autoprohibidos.
La iniciativa, ha asegurado, permitirá elaborar estudios destinados «a la concienciación sobre el juego responsable» y combatir los casos de adicción.
Esta aplicación, han explicado fuentes de Presidencia, sustituirá a la actual y mejorará el acceso a los datos de autoprohibidos. La que ahora se utiliza obliga a cargar a diario la base de datos, pero una vez se efectúe el cambio, los trabajadores de los salones solo tendrán que introducir el DNI del usuario. Esto permitirá al Ejecutivo hacer un seguimiento «anónimo» de la evolución del problema dentro del ejercicio de sus competencias y velar por un juego responsable.
La puesta en marcha de esta herramienta durará unos tres meses, por lo que, según han apuntado desde el Ejecutivo, podría estar ya implantada de cara al mes de abril.
La DGA también convocará el próximo 3 de diciembre a la comisión del juego, creada en el año 2000, para «evaluar de manera rigurosa la dimensión de este fenómeno» y determinar conjuntamente las acciones a desarrollar.
Tanto los socios del cuatripartito como los partidos de la oposición han coincidido en la necesidad de implementar nuevas medidas. Para Itxaso Cabrera, de Podemos, «hay que crear un modelo social alternativo para que el juego no se convierta en la heroína del siglo XXI». También en esta línea se ha pronunciado Carmen Martínez, de CHA. «Me alegro de que el Gobierno se ponga las pilas para controlar el acceso al juego. Hasta los propios autoprohibidos sufren momentos de debilidad», ha afirmado.
Martínez ha instado a explotar «al máximo» las competencias del Ejecutivo autonómico y ha reivindicado «una implicación conjunta» para endurecer la normativa estatal. Más crítica se ha mostrado Beatriz García, de Ciudadanos, quien ha lamentado que las subvenciones del Gobierno de Aragón «sigan estando en el mismo importe», los 35.000 euros que ya se presupuestaron en las cuentas de 2018.
Álvaro Sanz, de IU, también ha abogado por «ir más allá», modificar el cambio legislativo y exigir cambios a Madrid. «Si no, va a ser una lacra de la que difícilmente podremos desprendernos», ha dicho.
