Nicholas Funk, ciudadano de Baltimore (Estados Unidos) ha presentado una demanda colectiva contra Professional Sports Authenticator, a la que acusa de violar la ley federal RICO contra el crimen organizado.
Según los documentos judiciales, Funk sostiene que PSA ha construido un imperio valorado en miles de millones de dólares engañando a los aficionados a este hobby, y acusa a la compañía de operar prácticamente como un monopolio en el sector, capaz de dictar el valor de una carta concreta y cuánto puede llegar a pagarse por ella en el mercado abierto. Como prueba de esa posición dominante, la demanda cita la compra por parte de la matriz de PSA de sus dos principales competidoras, Beckett y SGC. Esta información ha sido recogida y publicada por el medio WMAR 2 News.
Cómo funciona la calificación de cartas y por qué se cuestiona
La actividad principal de PSA es la calificación, el proceso mediante el que se evalúa el estado de conservación de una carta en una escala del 1 al 10. Cuanto más alta es la nota, mayor es el valor de la pieza, hasta el punto de que algunas cartas con el sello de PSA pueden llegar a valer millones de dólares.
La demanda subraya que, aunque se supone que la calificación debe realizarla personal experto, en la práctica las notas dependen de la opinión de una o varias personas que examinan características físicas como los pliegues o el centrado de la imagen. Según Funk, el volumen de solicitudes que recibe PSA es tan elevado que la empresa recurre a becarios y colaboradores externos, algunos con poca o ninguna experiencia previa en calificación, que además suelen tardar más de lo inicialmente estimado en completar el trabajo.
«No es fiabilidad, es como tirar de la palanca de una tragaperras»
Jeremy Eldridge, del bufete Zealous Advocates, resume así el argumento central de la demanda: «Si una carta sin cambios puede recibir una nota distinta según quién la califique, el día o un criterio no revelado, eso no es fiabilidad, es como tirar de la palanca de una tragaperras«. Según Eldridge, la calificación no debería depender del azar, tratándose de activos que mueven un mercado de miles de millones de dólares.
Funk sostiene además que PSA ha modificado sus estándares de calificación con el tiempo, generando lo que la demanda describe como tasas de error no reveladas, calificaciones inconsistentes y manipulación indebida de las cartas. Al ser considerada una autoridad dentro de este mundillo, ciertas combinaciones de carta y calificación pueden resultar especialmente escasas, lo que, según Funk, permitiría a la empresa manipular aún más el mercado, ya que una de las divisiones de PSA también se dedica a la venta de cartas mientras controla el número de ejemplares disponibles con cada calificación.
La demanda resume así el posible conflicto de intereses: «Por un lado, PSA autentica cartas, asigna calificaciones, emite números de certificación y publica datos de población. Por otro lado, participa en la fijación de precios, la custodia, la reventa, las ofertas, los préstamos, los seguros, la financiación y las vías de liquidez y mercado vinculadas a esas mismas cartas«. Todas las declaraciones citadas han sido traducidas del idioma original, el inglés, al español.
PSAno ha respondido todavía a las acusaciones. La demanda, de 188 páginas, se ha presentado ante el Tribunal Federal de Distrito de Maryland, y Funk cuenta con la representación legal de los bufetes Eldridge Crandell LLC y Zealous Advocates, este último a través del abogado Thomas R. Bundy III.
