La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife he denunciado en los juzgados varias contrataciones de la sociedad pública Casinos de Tenerife, dependiente del Cabildo insular, al entender que existen indicios de un delito de prevaricación.
El Ministerio Público, que abrió una investigación previa a mediados de 2018 tras un escrito presentado por Podemos, también pide que se cite al gerente de la entidad, Gildo Hernández Rodríguez, en calidad de investigado.
La denuncia de la Fiscalía, presentada el pasado 20 de agosto, a la que ha tenido acceso Mírame Televisión, dirige las sospechas sobre las contrataciones efectuadas por Casinos de Tenerife a las empresas JJ Fuentes Tabares SL y Borrella SA. Durante las diligencias previas, el Ministerio Público pudo corroborar que, a lo largo de varios ejercicios, ambas entidades facturaron cantidades que superaron los 18.000 euros anuales que permitía la legislación vigente para los contratos menores de suministros o servicios (cuantía que la nueva ley ha reducido a un máximo de 15.000 euros).
El escrito, que firma la fiscal Náyade Remón Suárez, explica que «existen ciertos hechos cuya adecuación a derecho no ha sido del todo justificada, pudiendo constituir un delito de precaricación». En la denuncia se asegura que la empresa JJ Fuentes Tabares SL, que presta servicios publicitarios, «facturó cantidades anuales superiores a 18.000 euros en los años 2012, 2013 y 2014».
En la misma situación se encuentra la entidad Borrella SA, encargada de suministrar los uniformes para el personal de los casinos públicos, que también facturó más de 18.000 euros durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014. En ambos casos, la justificación dada por la entidad dependiente del Cabildo de Tenerife se basa en que se trata de «entregas complementarias», lo que no convence a la Fiscalía.
La representante del Ministerio Público destaca que «estos contratos no solo se adjudican de forma directa a pesar de superar la cuantía predeterminada por la ley para ello (…) sino que se renuevan o se prorrogan año tras año sin justificación alguna». La fiscal considera que «no resulta justificada la calificación de entregas complementarias a fin de motivar el exceso de cuantía del contrato, pues nada en la documentación aportada indica que este exceso» se deba a «circunstancias imprevisibles».
En la denuncia se asevera que, en cualquier caso, «si fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta a la pactada inicialmente, deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y a la celebración de otro bajo las condiciones pertinentes».
La fiscal recuerda que el órgano responsable en contrataciones de servicios inferiores a 60.000 euros es el gerente de la sociedad, por lo que pide la citación de Gildo Hernández Rodríguez en calidad de investigado, situación procesal que antes de la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se conocía con el término jurídico de «imputado». El Ministerio Público también solicita a la entidad del Cabildo de Tenerife «que aporte los estatutos societarios e instrucciones internas de contratación» entre los años 2012 y 2014.
Irregularidades
La denuncia de la Fiscalía parte de un escrito presentado por los exconsejeros de Podemos Fernando Sabaté, Mila Hormiga, Paqui Rivero y Julio Concepción, actual director general de Diversidad del Gobierno de Canarias. El Ministerio Público, tras una investigación previa que se ha prolongado cerca de un año, aprecia indicios de prevaricación en algunas de las contrataciones cuestionadas por la formación morada, pero descarta la existencia de delito en otras actuaciones bajo sospecha.
Es el caso de los pagos a la empresa Inversiones Parque SA, propiedad de la familia Plasencia, y a Walter Amadei, sobre los que aprecia posibles irregularidades administrativas pero no indicios de delito. La denuncia de la fiscal aclara que «si bien se trata de contrataciones no viables mediante contratos menores por razón de su cuantía, fueron directamente adjudicadas por no existir otra oferta alternativa».
En relación a la empresa de la red familiar de Antonio Plasencia, en la cárcel por el caso Las Teresitas, el Ministerio Público explica que la entidad «explota el aparcamiento más cercano a la zona del casino de Playa de Las Américas, encontrándose el siguiente a tres kilómetros de distancia». Esta circunstancia, a criterio de la fiscal, supone una «justificación lógica y razonada de la decisión tomada».
Una situación similar ocurre con los pagos a Walter Amadei. La denuncia expone que «la finalidad del contrato es la de ampliar las instalaciones» del establecimiento de Playa de Las Américas, con lo que «únicamente existe la posibilidad de expandir las mismas con el terreno colindante». El escrito también destaca que el propietario del local renunció al arrendamiento que tenía con el Hotel Gran Tinerfe a cambio de explotar el restaurante del casino dependiente del Cabildo.
Tampoco aprecia indicios de delito en otras actuaciones que considera irregulares vinculadas con la ausencia de procedimiento de contratación para algunos proveedores, el incumplimiento de los plazos, el crecimiento de la masa salarial del personal de la entidad o la adquisición de bienes ajenos al objeto social de los casinos. La fiscal considera que, salvo en los casos denunciados, las anomalías detectadas no son responsabilidad de la jurisdicción penal en aplicación del «principio de última ratio».
En el escrito presentado por el Ministerio Público también se descarta la existencia de indicios delictivos en otras de las cuestiones planteadas por los denunciantes, como la privatización de los casinos pese a tener cuentas de resultados positivas. La fiscal expone que de las afirmaciones de los exconsejeros de Podemos «no puede sostenerse investigación alguna, pues sería prospectiva».
Los tres casinos dependientes del Cabildo insular están ubicados en Santa Cruz de Tenerife, Playa de Las Américas y Puerto de la Cruz.
Fuente: eldiario.es
