La industria de los juegos de azar en el Cono Sur se caracteriza por el dominio estatal en algunos países con posibilidad de concesiones, así como por la restricción del Estado en esas actividades.

En Argentina, por ejemplo, cada provincia regula a los juegos de azar, que de por sí son una actividad ilegal -salvo expresa autorización. El más común de los esquemas que se han establecido es el de concesiones a empresas a cambio de un canon o impuestos específicos. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires es la propia administración pública la que explota a los casinos. De acuerdo a los datos de la Asociación estatal de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA), en el año 2016 había registradas en el país 412 salas de juego, 1.449 mesas de juego y 81.535 máquinas tragamonedas. Los 24 organismos reguladores -uno por cada provincia- recibieron, en 2016, 12.615 millones de pesos (783,5 millones de dólares) en ingresos generados por los juegos públicos, como las loterías, y los cánones que pagan las empresas concesionarias. Este año en Buenos Aires, la provincia más poblada del país, se presentó un paquete de medidas para combatir el juego ilegal y restringir el legal que generó protestas y huelgas dentro del sector.
Bolivia, en tanto, cuenta con una Ley del Juego desde 2010, que creó una entidad encargada de fiscalizar y regular ese sector y determinó dos tipos de tributos: el impuesto al juego, (30 %) que se aplica a los operadores de la actividad; y el impuesto a la participación en juegos (15 %), que se aplica a los jugadores. Según la ley, el 100 % de lo recaudado por el impuesto al juego va al Tesoro General de la Nación (TGN), mientras que el 70 % del impuesto a los jugadores va al TGN, 15 % a los gobiernos departamentales y otros 15 % a las alcaldías. El 70 % de lo que perciban el TGN, los gobiernos municipales y regionales por el impuesto a la participación se destina a beneficencia, salubridad y deportes.
En Chile los juegos de azar más populares son los sorteos de lotería, una industria dominada por dos empresas: Polla Chilena de Beneficencia y Lotería. Polla Chilena de Beneficencia es una empresa estatal con 80 años de historia cuyos beneficios se destinan al fisco chileno. Es la cuarta empresa pública con mayores ventas. Lotería, en tanto, es una empresa fundada en 1921 con el objetivo de conseguir fondos para la Universidad de Concepción, y que fue creciendo y en 1990 presentó su producto más popular, el Kino, que se sortea dos veces a la semana. Hace una década que en Chile existe una regulación específica para el sector, incluida una Superintendencia de Casinos. En este marco, se fijaron nuevas condiciones impositivas y las licitaciones para otorgar concesiones. Los casinos pagan un impuesto especial equivalente al 20 % de los ingresos brutos del juego, concepto que en los primeros 10 años ha permitido recaudar unos 630 millones de dólares.
En Paraguay, el control de los juegos de azar depende de la Comisión Nacional de Juegos de Azar, una rama del Ministerio de Hacienda que se encarga de la regulación, la distribución de cánones fiscales y la adjudicación de licitaciones. Los recursos que las arcas públicas paraguayas obtengan a través de los juegos de azar, ya sea en los establecimientos nacionales, municipales o departamentales, se destinarán a la inversión y el equipamiento de la sanidad pública, la educación escolar y el bienestar social, según determina la ley.
En Perú, solo en 1999 se dio la primera regulación para el sector y en 2007, tras una serie de litigios judiciales, se emitió el ordenamiento y formalización de la actividad, que es restringida y requiere una licencia especial del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), que somete a los accionistas y directores de estas empresas a un proceso de «debida diligencia», y de evaluación de solvencia moral y económica. Las empresas pagan un 10 % en «impuesto a los juegos», y las carreras de caballos un 12 %, ya que se les cobra un «impuesto a las apuestas». A nivel nacional existen 18 salas de casino y 732 salas de máquinas tragamonedas, los juegos de azar más conocidos en el país, que se desarrollan dentro de un marco íntegramente regulado.
En Uruguay, el Estado cuenta con la Dirección Nacional de Casinos(DNC), que gestiona todas las salas que existen en el país, ya que el Poder Ejecutivo está facultado por ley para explotar el sector. Sin embargo, hay dos casinos que permanecen bajo gestión privada: el del Hotel Sofitel de Carrasco, en Montevideo, y el del Enjoy (exConrad), en la localidad costera de Punta del Este (sureste). La DNC funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y cuenta con una Comisión Honoraria Asesora y Fiscalizadora de Juegos de Azar que es la encargada de evaluar los balances de los casinos, así como sus presupuestos y ejercicios anuales, que luego son remitidos a otros organismos del Estado. Las loterías, en tanto, funcionan bajo la órbita de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, que depende del MEF, organismo encargado de controlar todas las loterías, rifas y demás juegos que determinen sus resultados en base a sorteos.