Máquinas recreativas en un bar
Máquinas recreativas en un bar

El incremento de las tasas que gravan el juego, una de las medidas que el Gobierno valenciano ha incluido en el anteproyecto de ley de Acompañamiento, amenazan con poner patas arriba la industria de las máquinas recreativas y de azar. Aunque, según la patronal del sector, las consecuencias de este cambio normativo exceden con creces los límites de este negocio.

Los hosteleros se erigen, de hecho, en paganos del aumento impositivo en ciernes porque el 84% -21.000 de un total de 25.000- de estos dispositivos se sitúa en bares.

La Confederación de Hostelería y Turismo (Conhostur) y la Asociación de Empresarios de Máquinas Recreativas de la Comunidad Valenciana (Andemar) coinciden en el diagnóstico. El aumento de la presión fiscal tendrá un impacto directo en el empleo. Y advierten que en algunos casos terminará precipitando el cierre de locales.

Para las máquinas de tipo B, las conocidas popularmente como tragaperras se ha programado una subida del 12,5% en la cuota anual, que pasará de 3.200 a 3.600 euros en 2018. Pero el hachazo de la Conselleria de Hacienda es mucho mayor para las apuestas presenciales, que verán cómo se duplica su gravamen. De aportar a la Administración el 10% de la recaudación -descontados los premios-, a partir del 1 de enero tendrán que afrontar un pago del 20%. «Se trata de un incremento del 100% que hace inviable la actual estructura de la actividad», precisó ayer el secretario general de Andemar, Miguel Ángel González-Barona.

Las máquinas de apuestas ya comienzan a proliferar en la hostelería, aunque las más extendidas continúan siendo las recreativas con premio. En el registro autonómico constan 31.516 locales. «Funcionan como un complemento a la actividad principal», explicó el líder de Conhostur, Manuel Espinar. Si este plus mengua más, no sólo se verán forzados a reducir personal. Algunas micropymes tendrán que echar el cierre: «La viabilidad de muchos establecimientos dependen de estas máquinas».

Andemar, la patronal de la industria, avanza graves consecuencias en un sector, el del juego privado, que da empleo a alrededor de 7.000 trabajadores directos y 30.000 indirectos y que el pasado ejercicio contribuyó a las Administración valenciana con 144 millones de euros en impuestos (el 88,3% proceden de las tragaperras). Lejos de elevar la recaudación, el aumento del tipo impositivo provocará una caída de los ingresos, como ya sucedió en Andalucía en el pasado, según vaticina la organización empresarial. «Prevemos que se den de baja muchas máquinas lo que a buen seguro supondrá una reducción de puestos de trabajo», precisó Miguel Ángel González-Barona. Los cálculos de la patronal indican que se necesita un operario por cada 14 dispositivos.

Precisamente para garantizar la sostenibilidad del empleo el Gobierno de Aragón, el de Murcia y el Castilla y León aceptaron bonificar la cuota anual de las máquinas recreativas, que oficialmente se sitúa en los mismos niveles que los anunciados para la Comunidad Valenciana. Por ejemplo, País Vasco presenta incluso cuotas más bajas, en el entorno de los 3.000 euros al año. Esta brecha resulta aún más notable en el caso de las máquinas de apuestas. Hasta ahora, Navarra se destacaba con el mayor tipo dispositivo del país, con el 12%. La Conselleria de Hacienda plantea incrementarlo al 20%.

En paralelo a la actualización de tasas, el departamento que dirige Vicent Solertrabaja en una revisión de la actual Ley del Juego. El anteproyecto ha suscitado malestar en el sector.