La iniciativa de Gobierno de Puerto Rico y Legislativo en favor de legalizar las miles de máquinas tragamonedas repartidas por la isla para fiscalizar el sector provoca el rechazo de los casinos, que advierten del riesgo de lavado de dinero.
La Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (PHRTA) volvió hoy a rechazar la legalización de entre 20.000 y 30.000 máquinas tragamonedas, que según denuncian provocará pérdidas anuales cercanas a los 150 millones de dólares para los casinos de la isla, que se ubican en el interior de los hoteles.
Miguel Vega, pasado presidente de la Junta de Directores de la PHRTA, dijo a Efe que desde hace años se ha apuntado la legalización de las máquinas tragamonedas como forma de dar solución a los problemas de las finanzas públicas de Puerto Rico, pero que a su juicio se trata de un error.
Vega indicó que, en primer lugar, no habrá forma de controlar, aunque se legalice, la fuente de los fondos con que se juega en las máquinas tragamonedas, lo que podría favorecer el lavado de dinero de actividades ilícitas, algo que como aseguró es imposible en los casinos, donde cada cliente tiene que estar debidamente registrado, tal y como establece la ley.
Además, según destacó, Puerto Rico es uno de los territorios del mundo más saturado por los juegos de azar, por lo que introducir un nuevo elemento no hará si no empeorar la situación.
Por último, pidió que en caso de seguirse adelante con la iniciativa, la legalización de las tragamonedas no se saque adelante por medio de reglamentación, sino por un proyecto de ley que conlleve las correspondientes vistas públicas.
El catedrático del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico José Alameda señaló a Efe que el sector de las tragamonedas ha pedido en varias ocasiones a las autoridades que se regule su actividad y que si esto no ha ocurrido es porque tanto los casinos como la Compañía de Turismo local lo rechazan.
Alameda sostuvo que, en cualquier caso, el público que recurre a las máquinas tragamonedas es uno muy diferente del que lo hace a los casinos, por lo que el temor de estos últimos a pérdidas de dinero carece de sentido.
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, indicó sobre el asunto que su intención es que se introduzcan enmiendas al proyecto de reforma contributiva en marcha -concebido para mejorar el sistema tributario de la isla- para la regularización de las máquinas tragamonedas.
El legislador matizó que las máquinas tendrían que ubicarse de forma que los menores de edad no tuvieran acceso a ellas.
La idea es que las tragamonedas que cuentan ya con licencias del Departamento de Hacienda puedan pagar premios y que, además, tributen una parte de lo recaudado al Gobierno, fuertemente necesitado de dinero para cuadrar las cuentas públicas.
Las estimaciones previas indican que legalizar estas máquinas podría generar para las arcas públicas hasta 100 millones anuales.
El objetivo es que las tragamonedas estén controladas por Hacienda y que tributen al fisco.
El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, sostuvo por su parte que fiscalizar estas máquinas supondría tener control sobre cerca de 20.000 tragamonedas repartidas actualmente por la geografía de la isla caribeña que carecen de cualquier registro.
Además, rechazó que la legalización de las máquinas tragamonedas suponga favorecer el lavado de dinero en la isla caribeña.
Méndez sostuvo que actualmente no hay fiscalización sobre miles de máquinas tragamonedas que generan ingresos que deberían pagar unos impuestos de los que se beneficiara Hacienda y los municipios.
No todos los legisladores son favorables a la legalización de las máquinas, ya que, por ejemplo, José Aponte, del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP), asegura que permitir que operan las tragamonedas en pequeños negocios provocaría mayor adicción entre la población y su exposición a los menores.
El senador por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, indicó que legalizar las tragamonedas tendría repercusión en las de los casinos, las cuales destinan ingresos que por ley se asignan a la Universidad de Puerto Rico (UPR), entre otras entidades públicas.
Fuente: eleconomistaamerica.com
