Logo de la Junta de Castilla y León
Logo de la Junta de Castilla y León

La recaudación de los impuestos autonómicos aún no ha recuperado los 1.047,4 millones del año previo a la crisis; 2019 cerró caja con 698,4.

La covid-19 ha sorprendido a Castilla y León sin haber recuperado aún el pulso recaudador que marcó 2007 en los tributos propios, los que gestiona directamente la Junta. El desfase entre el último ejercicio de alegría económica y fiscal antes de que pinchara la burbuja del ladrillo y gripara la economía y el cierre tributario de 2019 es de 348,5 millones de euros, según la memoria oficial elaborada en la Consejería de Economía y Hacienda. Los 698,4 millones recaudados por la Junta el año pasado están aún lejos de los 1.047,4 millones del 2007. El ‘roto’ presenta un tamaño de 348,5 millones de euros. Es el último dato antes del coronavirus. Y no dibuja una situación saludable.

Ni la paulatina recuperación que se observa a partir de 2011, año en que la recaudación se hundió hasta los 488,8 millones, ni la implantación de dos nuevos impuestos, el de afección medioambiental de instalaciones de producción y transporte de energía eléctrica y el de vertido de residuos, han logrado devolver a la parcela recaudadora el verdor que lucía en 2007.

Los ingresos de los tributos propios suponían entonces uno de cada diez euros del presupuesto autonómico. El resto eran partidas estatales del modelo de financiación autonómica y deuda. Al cierre de diciembre, esa proporción de la tributación propia sobre el conjunto de ingresos de las cuentas que gestiona la Junta ha bajado del euro a los 65 céntimos.

Ladrillo y velatorios

La cesta fiscal autonómica está ligada a la compraventa de vivienda usada, con el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y la escrituración con el de Actos Jurídicos Documentados. Solo estos dos tributos metieron en caja 674 millones de euros en 2007. El año pasado sumaron 298,5.

La otra gran fuente fiscal de ingresos, junto al mercado inmobiliario, son las pompas fúnebres. La Junta liquida el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que grava las herencias. La evolución de este tributo ha sido dispar, porque ha pasado de la exención completa entre familiares directos a eximir de tributación mínimos que han oscilado entre los 175.000 y los 400.000 actuales por heredero ante la muerte de un cónyuge o un progenitor. El resto de parientes y allegados sin lazos de sangre paga religiosamente. Eso, junto con un incremento de fallecidos en los últimos años y del valor de tasación del bienes, según explican fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda, es lo que ha propiciado que la recaudación de este impuesto se mantenga en los 188 millones de euros (eran 162 en 2007) pese al incremento de las cuantías libres de tributación en las herencias de la familia directa.

Las perspectivas de liberalización de tributación, prevista para primeros de marzo y que PP y Cs frenaron hasta analizar el efecto de la covid-19 en los ingresos, frenaron las donaciones en la recta final de 2019, apuntan desde el departamento que dirige el consejero Carlos Fernández Carriedo.

Completan el capítulo de tributos propios de la comunidad los de Patrimonio y Juego, con desgravaciones durante las últimas legislaturas para casinos, bingos y tragaperras ligadas al mantenimiento de empleo duramente cuestionadas por la oposición. Este sector de actividad tributó 98,5 millones en 2007 y 67,6 el año pasado. Y lo cierran los tributos medioambientales implantados en 2012 para socorrer a una contabilidad autónomica ahíta de ingresos entonces y todavía tocada en la actualidad.