María Jesús Montero
María Jesús Montero Cuadrado, Consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía

Entre los impuestos cedidos a la Junta se encuentra el ya famoso de sucesiones, pero no es el único. Entre otros están el de patrimonio, el de transmisiones, el de hidrocarburos… y la tasa fiscal sobre el juego.

Las apuestas mueven cada año miles de millones en España, mucho más desde la proliferación de las empresas «on line». La comunidad andaluza no es una excepción y el Gobierno de Díaz pretende regular una actividad que además de ingresos puede generar empleo. «En un análisis prudente de recaudación», según explica la Consejería de Hacienda, los 1.150.000 euros previstos para 2017 superaría fácilmente los 7 millones en 2021.

La tasa fiscal sobre el Juego está regulada en la Ley 2/1986, de 19 de abril, del juego y apuestas, de la Comunidad, en el Texto Refundido de las disposiciones dictadas en materia de Tributos Cedidos y en el Decreto 250/2005, de 22 de noviembre.

El Estatuto atribuye a la comunidad la competencia exclusiva en materia de juegos, apuestas y casinos, incluidas las modalidades por medios informáticos y telemáticos. «En la actualidad, todo el sector del juego presencial en España se halla sumido en una profunda reestructuración al objeto de ser más competitivo en unas condiciones adversas desde la crisis», explica el documento al que accedió LA RAZÓN. Y en lo que al sector de las apuestas se refiere, la comunidad carecía de un marco reglamentario específico que «ordenase y regulara con detalle la práctica, desarrollo y el cruce de apuestas tanto de modo presencial como a través de medios o sistemas electrónicos, telemáticos, interactivos o de comunicación a distancia».

El proyecto de decreto ha sido remitido por la Consejería de Hacienda al Consejo Consultivo. «La actual realidad y situación del mercado del juego, en el que las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación desempeñan cada vez más un papel relevante en el desarrollo de nuevas modalidades, hacen necesario establecer para las apuestas una regulación que, garantizando la seguridad jurídica, tanto para empresas operadoras como para personas participantes en las mismas, sirva al mismo tiempo de instrumento eficaz para la prevención y protección de aquellas personas que puedan padecer los efectos del juego patológico, de los derechos de los niños y adolescentes». Además, se pretende «garantizar la absoluta transparencia y trazabilidad de las operaciones y transacciones de apuestas estableciendo medidas de riguroso control que doten a los órganos de la Administración de mecanismos e instrumentos normativos que garanticen de manera eficaz su lucha contra el fraude, la evasión fiscal y el blanqueo de capitales».

El proyecto de decreto comprende la regulación y régimen jurídico de las apuestas sobre actividades deportivas o de competición, así como lo específicamente establecido para las apuestas hípicas –que ya disponen de una regulación específica y en las que la nueva norma entraría cuando usen medios electrónicos o telemáticos– y las de carreras de galgos en su disposición adicional primera. Con la apertura de este nuevo mercado de juego, la Junta aspira además «a propiciar las condiciones jurídicas necesarias para la implantación de nuevas empresas, con avanzado nivel tecnológico en el desarrollo de su actividad de juego, que al propio tiempo generen puestos de trabajo y empleo en nuestra región, así como al mantenimiento de los puestos de aquellos otros subsectores del juego, en cuyos establecimientos se implantará esta nueva oferta». Para evitar prácticas abusivas o estrategias monopolísticas, el reglamento contempla un régimen de autorizaciones y sanciones en coherencia con los principios emanados en el seno de la UE.

La norma pone el foco en la regulación de las apuestas en línea que se desarrollen exclusivamente en Andalucía sobre actividades deportivas o de competición, previamente determinadas por los organizadores de éstas. Para inscribirse en el Registro de Empresas de Juego de Andalucía como operadoras, las sociedades deberán contar con un capital social mínimo de 2.000.000 euros. Además, deberán constituir una garantía o fianza de 1.000.000 euros.

La estimación de ingresos en concepto de tributos de juego aplicable a las apuestas, «en un análisis prudente de recaudación», se estima que supondría 1.150.000 euros en 2017; 2.800.000 euros en 2018; 5.000.000 euros en 2019; 6.500.000 euros en 2020; y 7.000.000 euros en 2021. El reglamento contempla, por último, las sanciones correspondientes a posibles infracciones que serán impuestas por la Delegación del Gobierno de la Junta si son leves y graves; por la Dirección General competente en materia de juego y apuestas si son muy graves, con multas desde 10.001 hasta 90.000 euros; por el titular de la Consejería si las faltas muy graves se elevan por encima de 90.001 hasta 150.000 euros; y por el propio Consejo de Gobierno las infracciones muy graves de más de 150.000 euros.

Fuente:   larazon.es