La Generalitat prevé que las casas de apuestas estén obligadas a alejarse un mínimo de 850 metros de los colegios y medio kilómetro entre ellas.

De nuevo, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha consultado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acerca de la regulación sobre las casas de apuestas en la comunidad autónoma.

Ya lo hizo en 2020. Y una segunda vez, en 2023. Ahora, ha vuelto a plantear sus dudas a la Justicia europea sobre las limitaciones que la Generalitat impone a los negocios de este sector, mientras que la ONCE o la Lotería se libran de ellas. Entre estas restricciones, se veta cierta publicidad y se exige el alejamiento de las casas de apuestas de los colegios, además de varias medidas burocráticas y de prevención de la adicción.

En un auto fechado a finales del pasado enero, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV expone que las restricciones que recoge la legislación valenciana contra la ludopatía, «que no se establecen para los establecimientos públicos de juego o apuestas», pueden perjudicar la libre competencia, «tendiendo hacia un monopolio estatal del juego».

Asimismo, a ojos de los jueces, se estaría así «fomentando ventajas injustificadas para el sector público«, que aporta «ingresos directos considerables para el Estado en detrimento de la libertad de mercado».

Además, de entrar en vigor, la legislación valenciana sobre el juego de azar «complicaría la subsistencia de establecimientos privados en este sector» y perjudicaría «una unidad de mercado con igualdad de condiciones en el tratamiento de los agentes».

Por todo ello, ante los recelos que suscita a la Justicia la regulación valenciana de las casas de apuestas, el TSJCV ha optado por, de nuevo, plantear sus dudas al TJUE mediante el mecanismo conocido como cuestión prejudicial. De esta forma, el procedimiento judicial quedará suspendido hasta obtener respuesta.

Fuente: msn.com