La Organización Impulsora de Discapacitados (OID), con sede social en Talavera, es el séptimo máximo deudor al Ministerio de Hacienda con una deuda de más de 86 millones de euros, según la lista que ha hecho pública este miércoles la Agencia Tributaria.
Parte del importe de esta deuda millonaria correspondería a la multa de 25 millones de euros que el propio Ministerio de Hacienda impuso hace ahora un año a la OID por infracción ‘muy grave‘, según la Ley de Regulación del Juego, por actividades ilícitas con la venta de su ‘euroboleto del discapacitado‘.
Según el Ministerio de Hacienda, el citado ‘euroboleto’, que comercializa la OID y de cuya venta recibe la mayor parte de sus ingresos, es un producto de lotería ilegal que se distribuye a través de vendedores sin contrato laboral y sin estar dados de alta en la Seguridad Social.
En ese sentido, el propio Ministerio hizo público un informe de la Comisaría General de la Policía Judicial en el que se afirmaba que la OID «extiende su actividad a casi todo el territorio nacional» con unos ingresos anuales que pueden cifrarse en alrededor de los 56,7 millones de euros.
En cuanto al resto hasta los 86.138.036,62 euros que la OID debe a Hacienda según la Agencia Tributaria, correspondería -según la propia Organización que preside Dionisio González Otero– «a la tasa fiscal sobre el juego que Hacienda pretende cobrar a la OID, mientras que por la misma actividad exime de dicho pago a la ONCE«.
DIFERENCIA DE TRATO
Así lo señala la OID en un comunicado en el que textualmente señala que «el origen de la ‘presunta deuda’ que Hacienda ha publicado corresponde a la tasa fiscal sobre el juego (que sólo se exige a casinos, bingos y máquinas tragaperras) que Hacienda pretende cobrar a la OID (asociación benéfica), mientras que por la misma actividad exime de dicho pago a la ONCE. Es decir, quiere que la OID pague un impuesto que la ONCE no paga realizando la misma actividad».
En el mismo comunicado, la Organización Impulsora del Discapacitado señala que tiene «más de 135 resoluciones judiciales que amparan y legitiman su actividad de venta de lotería, cumpliendo desde su fecha de constitución (hace 26 años) con todas y cada una de sus obligaciones; está dada de alta en el Impuesto de Actividades Económicas para la celebración de la lotería benéfica y desde el primer momento comunicó a la Administración el inicio de su actividad«.
¿TRABAJADORES O VOLUNTARIOS?
«La OID da trabajo a más de 3.500 personas discapacitadas comercializando el Euroboleto del Discapacitado y no deja de sorprendernos que el Gobierno, lejos de reconocer nuestra actividad, nos exija más obligaciones que a otros realizando la misma actividad» concluye la nota.
No obstante, Hacienda no está de acuerdo con ninguna de estas observaciones y menos con la útlima respecto a los trabajadores de la OID, puesto que el Ministerio la ha definido como una empresa amparada «en el carácter presuntamente social, aunque no hay evidencias de que los vendedores de cupón de la OID sean realmente discapacitados, ni siquiera en un porcentaje mayoritario», añadiendo que sus empleados trabajan sin contrato «o con un contrato de voluntariado, sin estar dados de alta como cotizantes en la Tesorería General de la Seguridad Social».
Fuente: lavozdetalavera.com
Texto íntegro del comunicado de la OID
Ante las noticias aparecidas en los medios de comunicación acerca de la «presunta deuda» por el importe de 86 millones de euros de la OID, esta Organización quiere puntualizar los siguientes extremos:
Primero. Que el origen de la «presunta deuda» que Hacienda ha publicado corresponde a la tasa fiscal sobre el juego (que sólo se exige a casinos, bingos y máquinas tragaperras) que Hacienda pretende cobrar a la OID (asociación benéfica), mientras que por la misma actividad exime de dicho pago a la ONCE. Es decir, quiere que la OID pague un impuesto que la ONCE no paga realizando la misma actividad. Teniendo en cuenta que la ONCE factura 1.800 millones de euros anuales, al cabo de 10 años, si Hacienda le diera el mismo trato fiscal, la ONCE debería aparecer en dicha lista adeudando 2.700 millones de euros.
Segundo. La OID tiene más de 135 resoluciones judiciales que amparan y legitiman su actividad de venta de lotería, cumpliendo desde su fecha de constitución (hace 26 años) con todas y cada una de sus obligaciones; está dada de alta en el Impuesto de Actividades Económicas para la celebración de la lotería benéfica y desde el primer momento, comunicó a la Administración el inicio de su actividad. La OID cumple con todas y cada una de sus obligaciones legales.
Monopolio de la ONCE
Tercero. El monopolio de la ONCE está prohibido dentro del ámbito de la Unión Europea, así lo ha determinado El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La ONCE es el último monopolio que queda en España y que fue fundado por el bando nacional golpista en Burgos en 1938.
Cuarto. El último Consejo de Ministros del Gobierno de Zapatero eximió a la ONCE del pago de la Seguridad Social, además de las deudas millonarias condonadas en años anteriores. El Gobierno de Aznar le garantizó cubrir las pérdidas de explotación (algunos años más de 100 millones de euros) más el 3% de esas pérdidas para la Fundación y además, le dio hasta 10 millones de euros anuales para pagar sus préstamos.
Quinta. El último Consejo de Ministros del Gobierno de Rajoy ha autorizado a la ONCE a vender en las oficinas de correos, en 7 países de América y en Europa, aparte de seguir pagándole anualmente por sus presuntas «pérdidas». La OID da trabajo a más de 3.500 personas discapacitadas comercializando el Euroboleto del Discapacitado y no deja de sorprendernos que el Gobierno lejos de reconocer nuestra actividad nos exija más obligaciones que a otros realizando la misma actividad.
