Cerca de ocho mil puestos de trabajo están en peligro en el sector del juego y la hostelería en la Comunitat como consecuencia de la subida de impuestos que el Consell puso en marcha para actividades de azar el pasado 1 de enero, según alerta la Asociación de Empresarios de Máquinas Recreativas de la Comunidad Valenciana (Andemar) a LAS PROVINCIAS. Cabe recordar que en el caso de las apuestas, rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias, la tasa se ha duplicado al pasar del 10% a un 20%.
Según las previsiones de la industria y los datos facilitados por Andemar, estarían en riesgo aproximadamente el 15% de los puestos de trabajo que hay en la región valenciana relacionados con la actividad del juego, de los cuales, un 98% cuentan con contratos indefinidos y una antigüedad media por empleado de entre 15 y 20 años. «Hay que tener en cuenta que se trata de empresas familiares con un promedio de edad por trabajador superior a 45 años con difícil reubicación laboral. En cifras, estaríamos hablando de más 1.000 puestos de trabajo directos y más de 7.000 empleos indirectos que se podrían destruir», explica el presidente de la entidad, Francisco Pallás, a este diario.
En concreto, los empleos directos se encuentran en empresas fabricantes, comercializadoras, operadoras de máquinas, salones de juego, empresas de apuestas, bingos y casinos, mientras que los indirectos están en la hostelería, donde las máquinas tragaperras tienen un peso relevante. En ese sentido, el último Informe Anual de Juego de 2016 de la Generalitat Valenciana, establece una ratio de un trabajador por cada cuatro máquinasde promedio. «Entre los directos hay recaudadores, técnicos, transportistas, la gente que lleva la parte contable y la gestión. Es decir, personal de las empresas que nos encargamos de poner máquinas en los bares. En cuanto a los puestos indirectos, estamos hablando de empleados de la propia restauración, bares y hostelería en general», matiza Pallás.
Ante esta situación, el sector está en pie de guerra con el Consell, que se propuso desincentivar esta actividad y alinear la tributación a la del resto de comunidades autónomas. Estas medidas fiscales -que se introdujeron en la Ley de Acompañamiento de Presupuestos- se centraron en tres ámbitos: en las máquinas y aparatos automáticos, donde se impone una subida del importe fijo del 12,5%; en el gravamen sobre los casinos, que ha pasado del 15% al 20% en el primer tramo de la base imponible cuyo tope son dos millones de euros; y en las apuestas, rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias, donde se pasó del 10% al 20%.
Con estos cambios, la Generalitat prevé recaudar 16,6 millones de eurosmás por dichos conceptos a cierre de 2018, según informaron desde el departamentos de Tributos, dependiente de la Conselleria de Hacienda, a este periódico. La mayor parte de los ingresos procederá de la explotación de aparatos, las conocidas máquinas tragaperras, cuya recaudación será de diez millones más respecto a 2017, cuando ingresaron 84,7 millones. Le sigue el aumento en apuestas, rifas y tómbolas, donde la previsión es de seis millones más. En ese concepto la Generalitat recaudó 6,3 millones el pasado ejercicio, es decir, la mitad de lo que espera para 2018. Por último, en los casinos se espera un aumento de 650.000 euros por los cambios en los tipos. En 2017 la Hacienda autonómica se embolsó 7,3 millones.
En cuanto al empleo generado por esta industria, el Informe Anual de Juego que la Comisión Autonómica aprobó en octubre indica que el sector genera 7.000 empleos directos entre las empresas fabricantes, comercializadoras, operadoras de máquinas, salones de juego, empresas de apuestas, bingos y casinos.
«A esta cantidad habría que sumar los empleos generados de forma indirecta y que ascenderían a más de 30.000 teniendo en cuenta sobre todo los relacionados con el sector de la hostelería», sostiene Pallás. Dentro de la hostelería, hay que tener en cuenta que 32.850 establecimientos están inscritos en el Registro para la instalación de máquinas recreativas y de azar, aunque no hay datos oficiales de cuántos cuentan efectivamente con una.
Fuente: lasprovincias.es