En vigor desde 1985, la legislación gallega en materia de juego -las competencias se ciñen al presencial; el online queda en manos del Estado- «necesitaba ser actualizada» y adaptada a los «tiempos actuales».
Lo reconoció sin ambages este jueves el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras anunciar, concluida la reunión semanal del Consello, que se había dado el visto bueno al proyecto de la Ley reguladora de los juegos de Galicia, remitida al Parlamento con vistas a que entre en funcionamiento ya en 2023. Entre las principales novedades, desgranadas por el vicepresidente segundo y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo:
- La distancia entre los locales de juego y centros de enseñanza reglados a menores de edad, centros oficiales de rehabilitación de personas jugadoras patológicas y cualquier otro establecimiento de la misma naturaleza pasa de los actuales 150 metros lineales a un mínimo de 300 radiales
- Se limita a 175 el total de negocios
- Las multas llegarán, en los casos más extremos, a los 600.000 euros.
Antes de ceder la palabra a Calvo -en una comparecencia más breve, pues el presidente debía dirigirse a A Toxa, para recibir al Rey-, Rueda destacó la «larga andadura» del proyecto de ley, que busca, ante todo, promover una «práctica responsable» del juego y «cuidar a las personas más vulnerables».
Puso además en valor, como haría también su número tres, el intenso proceso de conversaciones con «todo los sectores», comenzando por el que quedará reglado por la nueva ley, pero también la propia Administración autonómica –áreas de sanidad, educación, política social y emergencias-, universidad, asociaciones de lucha contra la ludopatía y profesionales expertos en adicciones. Un diálogo intenso para poner al día una legislación desfasada, con más de 30 años de antigüedad y que había sufrido, desde el 85, «hasta 25 modificaciones en los últimos años», recordó Calvo.
El vicepresidente segundo, ya en el turno de preguntas, negó que la ley vaya a tener efectos retroactivos; véase los nuevos parámetros de distancias a colegios, etc. La vigencia de las licencias, que hasta ahora era indefinida, pasa a ser de 15 años, y durante ese tiempo, los negocios ya asentados no han de mudar su ubicación. Pero la nueva distancia, los 300 metros radiales –la Xunta se decantó por esta opción porque ofrece un espacio superior a las mediciones peatonales-, sí han de respetarla, obviamente, aquellos negocios que reciban, ya con la ley en vigor, la preceptiva autorización.
En realidad, son apenas 10 las licencias que hay disponibles en estos momentos, según aclaró Calvo. Teniendo en cuenta, además, que un decreto, de 2019, impedía abrir nuevas instalaciones de juego. Atendiendo a las licencias vacantes, en Galicia podrían abrir una sala adicional, dos bingos, cuatro salones de juego y tres tiendas de apuestas. En este punto hay que tener en cuenta que la ley fija un límite de establecimientos y terminales de juego que pueden operar en la Comunidad. De aquí no se puede pasar:
- 2 casinos y dos salas adicionales,
- 12 bingos
- 118 salones de juego
- 41 tiendas de apuestas.
Según Calvo, habría disponibles apenas 10 licencias para llegar al tope.
Más controles
El anteproyecto fija otros límites, como un máximo de dos máquinas, del tipo que sean, en establecimientos de restauración y ocio -ya sean tragaperras o de las que permiten obtener un premio con una suerte de «grúa», comentó Calvo-; un tope de 3.600 máquinas auxiliares en estos locales en toda Galicia; y hasta 12.000 de las de tipo B -con precio programado-.
Se endurecen los controles. En estos negocios será obligatorio instalar un dispositivo que impide jugar a los menores en máquinas auxiliares de apuestas. Todos los establecimientos de juego deberán disponer de un control de acceso, para evitar la entrada de aquellos que no pueden acceder: desde menores y personas inscritas voluntariamente en el Registro de Prohibidos a aquellas con capacidades reducidas, incapacitadas legal o judicialmente y con problemas –o riesgo de sufrir– de adicción. En casinos y bingos se exigirá registro de admisión. Se prohibirá la emisión de publicidad sobre juego en la televisión y radio públicas.
En el apartado de sanciones, oscilarán entre los 100 y los 100.000 euros, según se trate de casos leves, graves o muy graves; la horquilla de estos últimos arranca en 18.001 euros, pero se irá a los 600.000 si se dan ciertos agravantes -como apreciar que al infractor le sale más a cuenta no cumplir la ley-. Los casos graves y muy graves pueden llevar aparejadas medidas adicionales, como suspensión de autorización de actividad o de explotación de máquinas; cierre del establecimiento; inhabilitación temporal o incautación de máquinas; todo con un máximo de dos años.
También de dos años es el plazo que prevé dar la Xunta a las empresas para que adapten las máquinas recreativas de azar y apuestas y los locales a lo que marca la ley, una vez entre en vigor. La mitad de tiempo, un año, tendrán los negocios de hostelería con máquinas B y de apuestas para no perder la autorización.
En aras del estudio, la evaluación y el seguimiento del nuevo escenario del sector, se creará un Observatorio ad hoc. «Juego responsable», «prevención de la ludopatía» y «especial atención a los sectores sociales más vulnerables» son las grandes divisas de ley, glosó Calvo.
Fuente: abc.es
