actualizado: 11 Jun 2021

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Las asociadinoes del juego de CyL recurren que se le saque de las zonas residenciales de Burgos

Las organizaciones vinculadas al negocio del juego han decidido dar un paso más y acudir al ámbito judicial para mostrar su rechazo a la decisión del Ayuntamiento de modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para impedir su instalación en zonas residenciales y llevarles a otras industriales.

La Asociación de Empresarios de Salas de Juego de Castilla y León (Sajucal) y la Asociación Regional de Empresas Operadoras y Asociaciones de Castilla y León (Aseocyl) han interpuesto un recurso contencioso administrativo contra la decisión municipal ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ).

Previsiblemente en los próximos días también lo harán la Asociación de Empresarios de Juegos Autorizados de Castilla-León (Asecal) y los casinos (hay 3 que están en Valladolid, Salamanca y León). Al parecer, la Sala acumulará todos los recursos y ha dado un plazo de 15 días desde la publicación del edicto en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) para la personación de quienes tengan un «un interés legítimo en sostener la conformidad a derecho de la disposición impugnada», es decir las personas, instituciones u organizaciones que estén de acuerdo en la decisión municipal. Por ejemplo, la Asociación de Rehabilitación del Juego Patológico (Abaj).

Según explicó el abogado y secretario de Sajucal, Luis González, el recurso contra la decisión del Ayuntamiento se basa en que esta institución no es competente en materia de juego aunque no quiso desvelar más detalles. Una vez que finalice el plazo de personación de las personas con un interés legítimo en la disposición impugnada, el Tribunal deberá dar traslado de la demanda. Luego, habrá una fase probatoria, otra de conclusiones y se dictará sentencia. «Nosotros consideramos que esa modificación del PGOU no es correcta jurídicamente pero será el tribunal el que decida», indicó González.

Algunas de estas organizaciones ya alegaron antes de la aprobación definitiva de la modificación del PGOU pero sus alegaciones fueron desestimadas y se aprobó de manera definitiva en mayo, de modo que a personas o colectivos que no estén de acuerdo solo les queda la vía judicial, tal y como han hecho.

La Junta también instó al Ayuntamiento a rectificar pero se encontró la negativa por respuesta.

Desde la Asociación de Empresarios de Salas de Juego de Castilla y León lamentan que la administración regional no haya ofrecido ningún apoyo a este sector económico durante la pandemia a pesar de haber estado cerrados durante muchos meses, en los que han seguido pagando las tasas sin poder acogerse a bonificaciones.

Fuente: diariodeburgos.es