La nueva norma aprobada por el Gobierno regional contempla multas de hasta 600.000 euros por incumplir esta obligación
Las más de cien casas de apuestas de la región tendrán un plazo de tres meses para contar con sistemas de control de acceso a sus locales para garantizar que no acceden menores de edad y otros colectivos vulnerables. De lo contrario, se expondrán a una multa que podría llegar a 600.000 euros.
Así se recoge en el decreto-ley que fue aprobado el martes por el Gobierno regional y que entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, aunque deberá ser convalidado por la Asamblea de Extremadura.
