El pleno de las Cortes de Castilla y León respaldó, por unanimidad, el Decreto Ley publicado el pasado 11 de junio en el Bocyl por el que la Junta suspende las autorizaciones para la instalación de salones de juego y casas de apuestas durante los dos próximos años o hasta que entre en vigor la nueva Ley del Juego, que sustituirá a la Ley 4/1998 Reguladora del Juego y de las Apuestas en Castilla y León.

Defendió el Real Decreto ante las Cortes el consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Ángel Ibáñez, pidiendo la confianza de la Cámara autonómica para aprobar un “paréntesis temporal” en la apertura de salas de juego “hasta la modificación de la Ley”, que se articula bajo los ejes de defender “la protección de los consumidores, el juego responsable, la lucha contra el fraude y la seguridad jurídica de este sector económico y empresarial”.

Para la elaboración de la Ley, recordó Ibáñez que hace algo más de un año se constituyó la Mesa del Juego Responsable de Castilla y León, donde “se ven representados todos los actores principales del sector” en la comunidad, y cuyo objetivo es “proteger a los jóvenes, menores y colectivos vulnerables, poner en valor las 450 empresas que dan empleo directo a más de 2.000 familias, y combatir el juego problemático desde la perspectiva que, para la mayoría de las personas, el juego es una forma saludable de emplear su tiempo libre”.

A ese paso se unió ayer la apertura de la consulta pública, como primer trámite para la elaboración de la nueva Ley del Juego, de cara a que “los sectores más representativos y cualquier persona pueda hacer aportaciones” hasta el 8 de julio para “recabar todas aquellas propuestas más enriquecedoras para la futura Ley” que, aseguró Ibáñez, “nacerá del diálogo y buscará el consenso” con el doble objetivo de “proteger a las personas más vulnerables y otorgar seguridad jurídica a un sector que genera empleo en Castilla y León”.

En la misma línea que el consejero se pronunció la procuradora popular Leticia García Sánchez, que defendió la necesidad de la nueva Ley ante una actividad “en clara expansión” y que debe mantener su “ejercicio legítimo” con una normativa que a la vez “proteja a las personas vulnerables y a los menores”, dentro de una comunidad que García Sánchez consideró “de las más proteccionistas” y que por ello ahora suspende las autorizaciones de apertura “para evitar la especulación y el gran número de solicitudes que puede haber ante la próxima aprobación de la futura Ley”.

Fuente: diariodecastillayleon.elmundo.es