actualizado: 22 Oct 2018

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La inclusión financiera no alcanzará a los casinos de Uruguay

Se quiere evitar que la supresión del efectivo facilite el lavado de dinero.

La máxima es la siguiente: el dinero que entra en efectivo, se va en efectivo. Con esta frase el coordinador del Programa de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía (MEF), Martín Vallcor-ba, indicó por qué se decidió que los casinos no estén alcanzados por una serie de disposiciones contenidas en la ley de inclusión financiera que hubieran implicado la supresión del efectivo en algunas circunstancias dentro de estas salas de juego.

¿Qué es lo que se quiere evitar con este cambio? Que los casinos se vuelvan más permeables al lavado de dinero. De por sí, estos lugares son “potencialmente un vehículo de lavado de activos”, describió Vall-corba. Un decreto del MEF con fecha 7 de mayo prorrogó hasta el 1° de enero de 2019 la entrada en vigencia de las disposiciones contenidas en dos artículos de la ley N° 19.210 —en los incisos primero y quinto del artículo 35 y en el artículo 36—, y el objetivo es, hasta esa fecha, trabajar en un proyecto de ley que modifique esto y vuelva permanente esta excepción.

“Se entendió que lo más adecuado era que no aplicaran las disposiciones que establecían que por encima de un determinado monto los pagos no se podían hacer en efectivo”, señaló el jerarca de Economía.

Vallcorba lo explicó así: si un jugador entra a un casino con US$ 20.000 en efectivo, los apuesta y gana y tiene para cobrar un total de US$ 25.000, los US$ 20.000 que jugó en efectivo se los deberá llevar también en efectivo. Los US$ 5.000 restantes —lo que ganó— el casino se los dará como prefiera.

Con esto lo que se busca es que “una norma que como criterio general apunta a fortalecer los mecanismos de control en materia de lavado, aplicada al casino en realidad podía tener el efecto contrario, que generara alguna vulnerabilidad”, dijo Vallcorba.

El texto del decreto del MEF recuerda que la ley N° 19.574 de diciembre del año pasado designó a los casinos como sujetos regulados en la prevención del lavado de activos. En el considerando se señala que “atendiendo a las mejores prácticas, la normativa vigente establece que cuando los casinos reciban de sus clientes sumas en efectivo para jugar, la porción no perdida en el juego debe ser devuelta en efectivo por el casino, para evitar el ingreso al sistema financiero de las sumas de dinero involucradas”.

Asimismo, se agrega que “la prohibición a los casinos de realizar pagos en efectivo a los jugadores por encima de un determinado monto sería contraria a las mejores prácticas mencionadas y a las recomendaciones en materia de prevención de lavado de activos”.

Beneficios.

La ley de inclusión financiera fue, justamen-te, la protagonista de un desayuno que la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay (ADM) organizó ayer.

Uno de los expositores en el evento fue el director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, Roberto De Luca. La premisa del evento era que los participantes enumeraran las ventajas y desventajas que esta ley había generado en sus diferentes áreas.

De Luca repasó qué efectos había tenido la ley en diferentes actores —nombró sobre todo beneficios para personas, empresas de menor porte, comercios, gobierno. Cuando llegó el turno de hablar de cómo había impactado en el sistema bancario, dijo: “hay toda una fantasía de que los bancos escribimos esta ley para ganar muchísima plata, les aseguro que no es así”. Por el momento, añadió, la ley de inclusión financiera no ha sido “rentable” para los bancos. “Pero la hemos apoyado y la vamos a continuar apoyando”, dijo De Luca, quien agregó que “es para este lado que el país tiene que ir, y para este lado va el mundo”.

A modo de síntesis, el director ejecutivo de la gremial planteó que como resultado de este proceso los bancos incorporaron nuevos clientes —”en principio no les cobramos nada”, dijo, pero existe el “potencial” de venderles otros servicios.

Las operaciones aumentaron también, indicó, y eso implica una fuente de ingresos para estas instituciones, que también han tenido “costos” producto de la ley. En este terreno mencionó que dejaron de percibir los ingresos por el pago de sueldos que cobraban a las empresas (se trataba de US$ 10 millones por año, precisó).

De Luca también trazó có-mo se imagina el futuro cercano en este terreno. “Cada vez nos vamos a dar cuenta que no tiene sentido tener efectivo; yo ando con $ 200 en la billetera”, dijo. La foto también incluye menos cajeros automáti- cos, aranceles más bajos y un aumento de la ciberseguridad.

El “vaso medio lleno” de los inmobiliarios.

Uno de los expositores que participó ayer del evento de ADM fue el presidente de la Cámara Inmobiliaria, Wilder Ananikian. Los empresarios de este sector han criticado algunas de las disposiciones de la ley de inclusión financiera que los alcanza, y ayer el titular de la gremial recordó algunas de ellas.

Desde el 1° de abril pasado no se pueden pagar en efectivo las operaciones relativas a bienes inmuebles y vehículos, cuando el precio de la misma supere el equivalente a 40.000 Unidades Indexadas —UI— (alrededor de US$ 5.500).

Ananikian dijo que ya hace años, junto a otras gremiales, se conformó un grupo que “ha venido trabajando incansablemente para hacerle entender al Ministerio de Economía que hay ciertos temas que deberían tener cierta flexibilidad”. El empresario añadió: “Siempre estamos viendo el medio vaso lleno porque entendemos que se han contemplado la mayoría de nuestros planteos”.

Más allá de esto, a la hora de nombrar los pros y contras de la ley de inclusión financiera planteó: “tengo más desventajas que ventajas”.

Dentro de las primeras, Ananikian indicó que esto generó un “mayor control del Estado”. Para el dirigente gremial “el gran tema de esto es la libertad y la obligatoriedad de esta ley”.

“Nosotros, los inmobiliarios, queremos trabajar con un Estado protector, sabiendo que debemos cumplir con nuestras obligaciones, pero que nos permita ejercer nuestra profesión en paz, lo que significa no sentirnos perseguidos por obligaciones que se suman y suman”, expresó.

A su vez, el presidente de la gremial llamó a trabajar para disminuir la informalidad dentro del sector inmobiliario. “El informal, o no registrado, queda menos expuesto a estas obligaciones”, manifestó. “Estamos teniendo hoy una deserción mensual de tres o cuatro colegas de muchos años que en realidad siguen trabajando y en la informalidad”, aseguró.

Fuente: negocios.elpais.com.uy

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