Los casinos de Puerto Rico comunican unas perdidas de 130 millones de dólares y de 3.000 empleos directos por el COVID-19

Casino de Puerto Rico

Durante los pasados seis meses el ingreso en los casinos, el cual incide en recursos para la Universidad de Puerto Rico (UPR), la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) y el Fondo General, ha tenido pérdidas de sobre $130 millones a causa de la crisis provocada por el cierre que el gobierno ha impuesto a estos centros de juegos de azar en su interés de desacelerar los contagios de COVID-19.

A causa de las diversas órdenes ejecutivas incoadas por la gobernadora Wanda Vázquez Garced se han visto inhabilitadas las operaciones de los 16 casinos que hay en la isla y, actualmente, entre el 85% y el 90% de los empleados de estos centros de entretenimiento están desempleados, creando paralelamente a la debacle financiera gubernamental una crisis social cuyo futuro luce desalentador. Este sector fue autorizado en el mes de julio a una reapertura parcial -con limitación de ocupación en sus facilidades y horarios-, pero el permiso apenas se extendió por dos semanas pues, por recomendaciones científicas, el gobierno ordenó nuevamente poner candados a los casinos.

El escenario ha causado pesadumbre entre líderes del gobierno y del sector, quienes lamentaron que los reajustes que han hecho para tratar de atemperarse a las nuevas normas que impone la llegada del novel coronavirus no hayan sido suficientes para que los más de 8,000 ciudadanos que componen la industria -con empleos directos e indirectos- hayan retornado a la fuerza laboral.

Según José Maymó, director ejecutivo de la Comisión de Juegos de Azar, en el año fiscal 2019-2020 (la cual inició en julio del año pasado y culminó el pasado 30 de junio) el ingreso neto operacional de las máquinas de juego de azar fue de $207,589,845, una cifra que se quedó corta a las metas proyectadas por el gobierno.

“Esa merma surgida por la pandemia entre marzo y junio provocó que nos quedáramos cortos en las proyecciones por $103 millones”, destacó el funcionario al agregar que los primeros seis meses del año fiscal (entre julio y diciembre de 2019) los recaudos fueron “excelentes” alcanzando metas promedios mensuales de entre $23 y $26 millones.

Sin embargo, una vez se declaró la pandemia y Puerto Rico inició un “lockdown” de comercios los números se desinflaron dramáticamente, ocasionando un efecto dominó en las arcas gubernamentales y en los fondos de los casinos, quienes han tenido que entregar cesantías a casi toda su flota de trabajadores.

Los cálculos indican que desde marzo hasta la fecha el cierre de los casinos ha provocado que se haya dejado de generar sobre $130 millones. En esa cuota el gobierno ha dejado de recaudar $60.1 millones, los cuales se dividen en $23.7 que se le hubieran otorgado a la Compañía de Turismo de Puerto Rico, $27.3 millones que se le hubieran transferido a la Universidad de Puerto Rico y $9.1 que se hubieran adjudicado al Fondo General en el Departamento de Hacienda. Por su parte, los casinos dejaron de ingresar $71.3 millones durante ese mismo periodo.

“Nunca se contempló una situación como la que estamos atravesando… luego del huracán María (2017) algunos casinos cerraron solo por unos días. Nunca en la historia moderna de Puerto Rico había ocurrido algo similar”, dijo Maymó al opinar que la decisión de incluir a los casinos en el cierre de comercios para prevenir contagios de COVID fue una “que se tomó desde el punto de vista salubrista para controlar el repunte de casos”.

Se le cuestionó que haría su oficina para evitar el colapso del sector.

“La situación es compleja y esta decisión de cerrar casinos también está afectando al gobierno que ha dejado de recibir unos ingresos… quisiera que estos comercios pudieran comenzar a operar pero no es un criterio que esté en mis manos. Mientras tanto, hemos atendido algunos llamados de la industria y se está considerando hacer un ajuste prospectivo en la fórmula de distribuir el dinero porque tenemos claro el impacto que representa esto no solo para el gobierno sino para los casinos y lo que conlleva para los empleados que ellos sostienen. Estamos trabajando en poder hacer unos ajustes para que tan pronto empiecen operaciones tengan un alivio y pueda haber equilibrio”, respondió Maymó.

Sus declaraciones se refieren a que, según estipulado en la Ley 221 de 1948, los primeros $9 millones generados del ingreso neto en los casinos se dividen en 34% para el sector comercial y 66% para el gobierno. Una vez se amplía el margen de ganancia los dividendos aumentan y, generalmente, la fórmula establecida es de 52% para el gobierno y 48% para los casinos.

“Sin embargo, con lo ocurrido en la pandemia tuvimos la situación, por ejemplo, que los casinos abrieron por 16 días y en ese periodo de operaciones generaron $11 millones. En ese caso el balance al distribuir sería de un 34% para los casinos por los primeros $9 millones y 66% para el gobierno… eso es lo que estamos evaluando reformular”, destacó.

Mientras, la directora de la Compañía de Turismo, Carla Campos, describió como “severamente afectada” la industria turística, incluyendo el sector de los casinos.

“La industria turística en general se ha visto severamente afectada por la pandemia del COVID-19. En el caso específico de los casinos, el cierre de éstos ha provocado un impacto millonario, tanto en las operaciones y empleos, como para los fondos gubernamentales que dependen de su desempeño”, expresó en declaraciones escritas a este diario.

Agregó que aunque reconoce la importancia que debe tener la salud de la ciudadanía, entiende que se le debe dar la oportunidad a los casinos de abrir puertas nuevamente.

“Aunque estamos conscientes de que la salud y seguridad de nuestra gente es primordial, entendemos que la reapertura de los casinos debe darse a la brevedad de manera responsable para ayudar a impulsar la recuperación del sector turístico. De dicho sector no solo dependen la Universidad de Puerto Rico y a las operaciones de la CTPR, sino también el Fondo de Desarrollo Turístico que permite que la CTPR invierta estratégicamente en medidas para fomentar el desarrollo del turismo. Por último, hay miles de empleos que están a punto de perderse de manera permanente a causa del cierre de estas operaciones”, manifestó Campos.

Y es que tanto la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo como líderes del sector afirman que tanto los casinos, los hoteles donde estos ubican y toda la empresa turística han tomado rigurosas medidas para combatir el COVID-19, implementando protocolos salubristas requeridos por el gobierno y las principales organizaciones de salud internacional.

Ismael Vega, gerente general de Casino Metro en San Juan, comentó que la inversión de preparación en cada uno de los casinos sobrepasó los $100,000, al tiempo que lamentó lo cuestarriba que se le ha hecho sobrevivir a la industria que ha tenido que clausurar talleres de trabajo por razones que aun no comprenden.

“Invertimos en equipos, readiestramiento de empleados, en traer personal adicional y sin explicación nos cierran, nuevamente, aun cuando cumplimos con los protocolos y promesas que se le hicieron al gobierno… fue una decisión sin fundamento ni pruebas porque nosotros nunca hemos sido un foco de infección de COVID”, reclamó.

Agregó que el efecto “triste” del panorama son las consecuencias que el cierre ha tenido en los cerca de 8,000 empleados -3,000 de estos directos- que han sido desplazados.

“Se me parte el alma con las llamadas y los mensajes de textos que me manda… están desesperados. Muchos de ellos no han podido reactivar sus casos en el desempleo porque, el solo hecho de haber regresado a un trabajo y ahora no tenerlo, les crea un punto controvertible. Es una situación bien triste. Estamos hablando, en mi caso, de 200 empleados fuera. Eso es el 85% al 90% de toda la plantilla”, dijo Vega.

Catalogó como “injusto” que mientras se penaliza a los casinos no haya fiscalización con los dueños de negocios -como gasolineras, garajes, supermercados, entre otros- que tienen máquinas tragamonedas operando “sin ninguna restricción”.

“Esas máquinas siguen operando en clara violación a la orden ejecutiva y sin los protocolos que nos exigen a nosotros. Eso es competencia desleal. Lo que queremos es que fiscalicen al que realmente está haciendo las cosas mal. Yo te aseguro que nosotros estamos cumpliendo con los protocolos, aparte de que somos inspeccionados por el gobierno 24/7”, reiteró.

Por su parte, Miguel Vega, gerente de operaciones de Tropical Casinos -con localidades en Ponce, Mayagüez, Manatí y Bayamón- advirtió que ya las fuentes de ingresos de los comercios de entretenimiento “comienzan a erosionar”.

“Tuvimos que pagar liquidaciones cuando se dejaron ir a empleados, invertir en los equipos para cumplir con las medidas de salud y seguridad… sabemos que esto es una situación que está afectando mundialmente, pero la industria de turismo es la más castigada aún cuando tenemos los protocolos más estrictos”, expresó.

En el caso de Tropical Casinos son más de 450 empleados que han quedado en la calle. “El 88% de mi nómina está en la calle al día de hoy y eso es más que lamentable porque son 450 familias que no pueden sostener su hogar y que, en ocasiones, pudiera ser que no tienen dinero para llevar alimentos a sus casas”, sostuvo.

Dijo que ese proceso “tortuoso” de tener que decirle a los empleados que no pueden regresar a sus centros de trabajo genera daños emocionales que el gobierno no está evaluando, precisamente, cuando está tomando medidas salubristas.

“Tiras gente a la calle y ese proceso tortuoso al sacarlos -después que los habías traído en julio- tiene un efecto psicológico. La gente está desesperada. Por eso es que insisto en que no podemos pagar justos por pecadores. Aquí nadie piensa en la salud mental de todos estos empleados que ni desempleo han podido coger”, determinó.

Auguró que las operaciones de los casinos – de extenderse el cierre por más tiempo- serán “insostenibles”.

“Nosotros seguimos pagando mantenimiento, luz, agua… si esto continúa aquí van a haber cierres permanentes. No hay forma de sobrevivir a esto. Llevamos seis meses erosionando los pocos ingresos que había. El gobierno tiene que buscar un balance. Si mala es la pandemia del COVID, malo también es no poder llevar el pan a tu casa”, determinó.