Unos son de carácter nacional, otros sólo se encuentran en una única comunidad autónoma o son la pieza central de la economía de los Ayuntamientos. Aunque se piense que son las empresas los que asumen el pago de algunos impuestos, en realidad éste coste está incluido en el precio que paga el contribuyente o consumidor. Son un elemento clave que reduce la renta disponible de las familias y por tanto ralentizan la economía y empobrece a los ciudadanos.
5. Impuesto a las grandes superficies
Su imposición se remonta al año 2000, cuando la Generalitat de Cataluña decide añadir a su sistema tributario el impuesto. En la actualidad, se encuentra implantado en seis comunidades autónomas: Navarra, Aragón, Asturias, Canarias, La Rioja, además de en la mencionada Cataluña. El objeto del impuesto, según la web de la administración catalana, es “gravar la singular capacidad económica que concurre en determinados establecimientos comerciales como consecuencia de estar implantados en grandes superficies, dado que esta circunstancia contribuye de una manera decisiva a hacer que aquellos tengan una posición dominante en el sector y puede generar externalidades negativas en el territorio y el medio ambiente, cuyo coste no asumen”.
El impuesto no deja a nadie indiferente, ni ningún color político lo sustenta sino que en función de los intereses se defiende o se ataca. El Partido Popular, con José María Aznar a la cabeza, fue el primero que lo recurrió. Aunque, el popular Ramón Bauzá no dudó en querer imponerlo pese a las reticencias de los empresarios. Si se mira al PSOE, en Andalucía, también se niegan a implantarlo aunque lo haya pedido Izquierda Unida.
Ante el caos, Bruselas ha entrado en escena para estudiar la legalidad del impuesto. A principios de 2014, la Unión Europea se ha puesto en contacto con la Administración española para advertir que está investigando el diseño del impuesto, ya que creen probable que sea incompatible con el derecho comunitario.
4. Impuesto a las Loterías y Apuestas del Estado
Una ‘genialidad’ del ministro Montoro para saciar ese apetito recaudador al que tiene acostumbrados a los españoles. El impuesto consiste en un pago del 20% en los premios mayores de 2.500 euros del juego de la Lotería y Apuestas del Estado.
Montoro lo presentó en sociedad junto a los Presupuestos Generales de 2013. El mismo ente que recauda el dinero al principio, a través de la venta de billetes, otorga después el premio pero cuando va a realizar el pago hace efectivo ese impuesto de nuevo volviendo a cobrar. Obviamente el pago continúa más adelante a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Por ejemplo, si se ha ganado el premio gordo de la Lotería, Hacienda sólo le entregaría 321.500 euros de los 400.000 euros que supone el premio.
Hacienda gana dinero, el ganador del premio rebosa de alegría por su premio y Montoro consigue tres pagos en uno.
3. Céntimo sanitario
Conocido como “Impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos”, formaba parte de la llamada, coloquialmente, ‘Ley de acompañamiento’ de los presupuestos de 2002, más en concreto, era el artículo 9. Supone el pago de una cantidad fija por cada litro de combustible que se echaba al vehículo. La cuantía variaba dependiendo de las comunidades autónomas, ya que tenía un tramo autonómico y otro estatal. Al principio la oscilación era entre 1 y 2,4 céntimos, aunque pasado un tiempo llego a alcanzar hasta los 4,8 céntimos. Esa recaudación se destinaba después a la Sanidad, de ahí el nombre.
El 27 de febrero de 2014 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo declaró ilegal, además, de cargar duramente contra el Estado español por su comportamiento que califica de ‘avergonzante’. El Tribunal explicó que el Estado español no había actuado de buena fe, porque estaba avisado sobre su ilegalidad, en concreto, se le avisó antes (2000), durante (2001) y después (2003) de su implantación.
El máximo responsable del ministerio de Hacienda por aquel entonces era Cristóbal Montoro.
2. El IBI
El Impuesto sobre Bienes e Inmuebles es la medida estrella de los ayuntamientos españoles a la hora de recaudar dinero. Una familia paga de media en torno a 800 euros al año por este concepto, por lo tanto, también es uno de los impuestos que más repercute en el bolsillo ciudadano. Su funcionamiento es complicado porque tiene en cuenta determinadas variables, además de exenciones o descuentos. Aunque en los últimos años, ese funcionamiento se ha vuelto aún más enigmático, ya que a pesar de que el precio del bien (la vivienda) ha caído más de 40%, el importe del impuesto ha crecido todos los años.
El IBI se calcula en función del valor catastral del inmueble y después se multiplica por una tasa que varía entre el 0,4% y el máximo del 1,1% para bienes de naturaleza urbana. El problema es que ese valor catastral, cercano al 50% del precio de mercado, no se corresponde con el actual precio de las viviendas. Por lo tanto, el valor catastral se encuentra ‘inflado’ respecto de la situación inmobiliaria que vive España. Otra gran contradicción que introduce el impuesto es que la Iglesia no está obligada a pagarlo, a pesar, de tener recursos para hacerlo.
1. Impuesto sobre las bolsas de plástico
Nació con una finalidad “medioambiental”, o eso vendió la Junta de Andalucía cuando el 1 de mayo de 2011 entró en vigor. La medida consistió en poner un precio de 5 céntimos a las bolsas de plástico de los establecimientos, que obviamente recaían sobre el consumidor. Generó unos beneficios a la Junta de más de 735.000 euros, muy lejos de los más de 35 millones que se pretendía recaudar en 2012. Fue una medida criticada por ir en contra de fomentar el consumo, pese a ser una ‘máxima’ del PSOE.
En la Junta de Andalucía poco importó que se estableciera uno de los impuestos más caros respecto del bien que se grava, más de un 500% o 600%, hay que recordar que el IBI grava entre el 0,4% y el 1,1% o el IVA un 21%. Ya que el coste de una bolsa de plástico es entre 5 y 6 veces inferior a lo que la Junta decidió imponer.
El impuesto fue desacreditado por varios consejos de expertos que subrayaron que «se ha dudado respecto a la eficacia medioambiental de este tipo de impuestos», por lo que «no se considera oportuno extenderlos a la totalidad del territorio nacional».
Fuente: estrelladigital.es
