Recursos de alzada, recursos de casación, apelaciones, resoluciones administrativas… la historia de OID, el ‘clon’ alegal de la ONCE, continúa contra viento y marea, exprimiendo al máximo todas las posibilidades que hacen que esta organización que se mantiene en el limbo de la legalidad aún no haya sido disuelta 25 años después de su fundación.
Este ‘spin off’ de la organización de ciegos españoles asegura poner a la venta cada día 300.000 boletos de lotería en todo el Estado sin permiso administrativo y vive en el filo del alambre de la justicia mientras que su presidente, Dionisio González, es la cabeza visible de una madeja empresarial que comprende 15 sociedades limitadas y varias fundaciones, dos de ellas en Venezuela y el Reino Unido. Su organización madre, encargada de vender cupones, cuenta con unos 3.000 colaboradores que no están contratados, sino que venden su lotería a cambio de un 30% de los beneficios.
La Organización Impulsora de Discapacitados surgió en 1994 en Torrelavega (Cantabria) después de que ONCE no quisiera asumir la extinción de Prodiecu, una entidad que comercializaba cupones ilegales. Desde entonces ha ido creciendo y vendió cupones en 2015 por valor de 57 millones de euros, principalmente en Extremadura, Andalucía, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Canarias. En algunas ciudades, como Cartagena, supera a la ONCE, la organización de derecho público cuyo sorteo utiliza para dar sus premios.
Siempre pendiente de un hilo, su situación desde diciembre de 2014 es especialmente compleja. El 27 de ese mes, la Dirección General de Ordenación del Juego, dependiente de Hacienda, le impuso una multa de 25 millones de euros, posteriormente recurrida y paralizada de forma temporal. Sea casualidad o no, desde entonces las triunfalistas afirmaciones de la organización (‘La justicia, con nosotros’) no se corresponden con la realidad. Varias decenas de tribunales de primera instancia desestiman sus recursos y los condenan a multas y a pagar las costas (en Bilbao, Valencia, Albacete o Sevilla). Por otra parte, varios autos del Tribunal Supremo inadmiten recursos de la organización, según ha podido comprobar este diario chequeando las sentencias y autos referidos a la organización. Se trata de más de 30 textos judiciales en los últimos dos años y en todo tipo de tribunales. La justicia no parece estar con OID ni con su abogado y responsable jurídico, Javier Gallego Sánchez. La última sentencia en su contra, de un tribunal de Burgos, se produjo hace tan sólo un par de meses.
Además, en los tribunales de Madrid se instruyen dos causas penales contra Dionisio González. Una de ellas por un posible delito de alzamiento de bienes y por otro delito fiscal contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades (diligencias previas nº 4907/2012). La otra, por un posible delito de desobediencia por incumplimiento de la sentencia del juzgado de primera instancia número 12 de Madrid del 25 de junio de 2001, que condenó a OID por competencia desleal (procedimiento abreviado número 3198/2014) por utilizar los mismos números que ONCE para su sorteo, lo que supone aprovecharse de la infraestructura de la asociación de ciegos.
¿Obra social?
Una farragosa actividad legal que esconde la obra social, en caso de que la haya, de esta asociación que busca ser reconocida como la ONCE -una corporación de derecho público de carácter social- y optar por lo tanto a los beneficios que la ONCE disfruta, como la posibilidad de no pagar las cotizaciones sociales. Juan Carlos Galindo, perito judicial y experto en blanqueo de capitales, asegura que «nadie está diciendo que OID no tenga labor social, pero si tú les preguntas por ejemplo cuánto dinero destinan a la misma no te lo dirán. Carecen de cualquier transparencia, y este es el principal problema pues en realidad su entramado empresarial es muy parecido al de ONCE».
«No decimos que haya delito -prosigue Galindo- pero sí que su procedimiento oculta información a la ciudadanía». Podría tratarse así de una ocultación del impuesto de sociedades con un posible desvió de facturación a través de empresas.
«Si la ONCE es una concesión privilegiada, OID debería pedir una concesión también y si no se la dan, que no juegue. Que demuestre que su entramado societario es necesario para las cosas que realiza», concluye el experto. La opacidad, asegura, no ayuda a disipar las dudas sobre esta organización perseguida por la justicia.
Por su parte, desde OID no se ha dado respuesta a los requerimientos de información por parte de este periódico.
Fuente: Mario Moratalla en Vozpopuli.com
