La familia fundadora de la empresa del juego pide más información sobre el proceso de reestructuración, los acreedores que se harán con la compañía y la actividad de C
Los Martínez Sampedro piden respuestas. Los fundadores de Codere han pedido una junta de accionistas con varios puntos en que solicitan información sobre los acreedores, el proceso de reestructuración y la actividad de la empresa. Según el requerimiento remitido al consejo, Masampe SL (sociedad de los fundadores) ha solicitado este encuentro de accionistas para Codere SA. Esta es la sociedad de Codere en la que los Martínez Sampedro todavía tienen un 12,38% (el mínimo para solicitar que se discutan puntos en juntas es un 5%).
Después del proceso de reestructuración cerrado la semana pasada, Codere SA será liquidada y los activos pasarán a una nueva sociedad radicada en Luxemburgo, Codere New Topco, en la que los fondos acreedores se harán con el 95%. Los Martínez Sampedro, junto con el resto de accionistas, se reducirán a su proporción del 5% restante. Se prevé que la empresa celebre la junta para elegir a un liquidador este diciembre.
Sin embargo, antes de que pase esto, los fundadores de Codere pueden todavía solicitar al consejo que se discutan ciertos puntos en las juntas de accionistas. Esta vez, lo hacen después de que la Audiencia Nacional rechazase la querella de los Martínez Sampedro. Los fundadores llevan años impulsando medidas legales contra la empresa por la refinanciación de 2016 y la posterior toma de control de Codere por parte de varios fondos de inversión americanos. Tras la negativa de la Audiencia, tienen la opción de recurrir al Supremo.
Ahora, los Martínez Sampedro solicitan una junta extraordinaria en la que piden cuatro puntos. El primero es sobre los acreedores. Los accionistas piden información a la junta de “la entidad de cada uno de los acreedores de la sociedad y el importe de su deuda que colaboren en la denominada ‘reestructuración’ del Grupo Codere, por la que los acreedores de la sociedad sin intervención ni homologación judicial en España pasan a ser titulares de la totalidad de los activos del Grupo Codere y acuerdo de ejercer contra dichos acreedores las acciones que procedan en derecho español”.
Bajo este punto, los Martínez Sampedro argumentan, entre otras cuestiones, que los acreedores se van a hacer con Codere “sin intervención ni homologación judicial, en contra del principio de prohibición del pacto comisorio en España, y en ejecución de acuerdos abusivos que se pueden calificar de presuntamente delictivos en España”. Por eso, alegan que “una vez expuestos ante la junta quiénes son esos acreedores y los importes de sus deudas, se someterá a la junta el acuerdo de ejercer contra los mismos las acciones que procesan en derecho español”.
El segundo punto es sobre el proceso de reestructuración. Los accionistas solicitan información “del motivo por el que se va a solicitar la homologación judicial en España de la reestructuración de ciertas filiales españolas del Grupo Codere, pero no de la matriz, la sociedad, y acuerdos que procedan para que por la sociedad se solicite la homologación judicial en España de todas las operaciones ejecutadas al amparo de la denominada ‘reestructuración”.
Los Martínez Sampedro creen que se están utilizando los datos de los clientes españoles para cederlos a empresas fuera del territorio
En este apartado, los accionistas defienden que “el acuerdo de reestructuración hasta donde se conoce es ilegal en España, pues no se basa en ningún convenio de acreedores y simplemente se entregan a los acreedores todos los activos, sin convenio alguno y sin ninguna valoración de los activos antes del 11 de mayo de 2021”. Por eso, consideran que “no se puede ejecutar esa reestructuración del Grupo Codere sin homologación judicial en España, por lo que se debe solicitar ante el tribunal español competente”.
El tercer punto es sobre la actividad de Codere Online SA, la filial de apuestas ‘online’ que la empresa vendió a una SPAC en junio. Los Martínez Sampedro piden información sobre las «operaciones realizadas desde paraísos fiscales y sociedades no residentes relativas a Codere Online, en especial las que afecten a la facturación de Codere Online en España, y acuerdo de solicitar una auditoría de fraude a una empresa especializada e independiente de los ejecutivos y administradores de todas las operaciones realizadas por filiales de la sociedad en paraísos fiscales».
Aquí, los Martínez Sampedro apuntan al “complejo sistema de sociedades filiales de Codere Online en Gibraltar, Malta y otros paraísos fiscales”, pese a que “un 65% aproximadamente de su actividad se realiza en España”. “Sin sustancia económica conocida, contratan con proveedores que no se conocen en cantidades millonarias, a la vez que se ha desmantelado la práctica totalidad de la estructura laboral en España”. Subrayan que “hay motivos más que justificados para solicitar una auditoria de fraude, no financiera, de toda la actividad de Codere Online”.
Finalmente, el cuarto punto es sobre el tratamiento de los datos de los clientes. En este, piden información sobre “las autorizaciones solicitadas para la cesión de los datos de los clientes en España de Codere Online, de la información dada a cada uno de los clientes de Codere Online en España de la cesión de sus datos a sociedades no residentes en España y del uso económico que se va a hacer por terceros no residentes en España de sus datos”.
En este sentido, los Martínez Sampedro creen que se están utilizando los datos de los clientes españoles para cederlos a empresas fuera del territorio en beneficio de terceros. “No consta que se haya informado en detalle a las autoridades competentes y se hayan obtenido las autorizaciones necesarias”, zanjan, ni que tampoco “se haya informado a cada cliente del uso exacto y concreto que se va a hacer de sus datos, el beneficio que genera y la identidad de esos beneficiarios”. Piden esta información para que se “ejerzan todas las acciones que procedan en protección de sus bases de datos de clientes ante quien corresponda”.
Fuente: elconfidencial.com
