Los fundadores de Codere, la familia Martínez Sampedro, ha requerido al consejo de administración de la empresa de juego para que convoque de forma extraordinaria una junta general de accionistas.
Su intención es que en el encuentro se aborde su petición de cesar al consejero independiente y exembajador de Estados Unidos en España Joseph Zappala, a quien acusa de haber transgredido sus funciones al apoyar el plan de un grupo de fondos de descabalgar a la familia del poder.
Tras analizar el requerimiento de los Martínez Sampedro, Codere ha convocado la junta para el próximo 17 de mayo. La petición ha sido formulada por los consejeros José Antonio Martínez Sampedro y su hermano Luis Javier, junto a la sociedad Masampe, propiedad de la familia y representada en el órgano rector a través del exministro Pío Cabanillas.
Eso sí, la convocatoria viene acompañada de un informe del Comité de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo de Codere en contra del cese anticipado de Zappala. Este comité compuesto por consejeros de la empresa considera que no existen razones suficientes que justifiquen la revocación.
«El Comité de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo valora muy positivamente la labor desarrollada por Joseph Zappala, teniendo en cuenta no solo su currículum vitae, sino también los casi 16 años en los que ha desarrollado diversos cargos y posiciones dentro de la empresa, que le proporcionan una visión amplia y un conocimiento profundo del negocio y la historia de Codere», indica la empresa en una nota.
Su cargo, señala, no se ha cuestionado hasta que votó a favor del cese en sus funciones ejecutivas del ya expresidente de la empresa, José Antonio Martínez Sampedro, y de Luis Javier, quien desempeñó hasta el 12 de enero el cargo de vicepresidente ejecutivo.
El pasado 4 de abril, el grupo de accionistas encuadrado en el bloque de los ‘remaining shareholders’, que representa a cerca del 40% del capital, votó en contra de la propuesta de los Martínez Sampedro de reemplazar a Zappala por Michael Wagman, un directivo del sector del juego. La familia tiene un 19,4% del capital, frente al 35% de los fondos que han defendido su destitución, con lo que sus opciones de lograr el cese de Zappala son muy escasas.
