Hacienda reduce la fiscalidad de las apuestas ‘online’ y convierte a las dos ciudades autónomas en imanes para las operadoras ante el Brexit o los cambios legales en el Reino Unido

Era una reivindicación de los gobiernos de Ceuta y Melilla y, finalmente, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha accedido a ponerla negro sobre blanco en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno va a convertir ‘de facto’ a las dos ciudades autónomas en una suerte de paraíso fiscal para las empresas de juego ‘online’.

La intención es atraer a estos territorios a los gigantes del sector ahora instalados en el peñón de Gibraltar que se ven amenazados por cuál será su situación frente a Europa como consecuencia del Brexit y por los cambios al alza en la fiscalidad que el Reino Unido ha aplicado a las apuestas en red y que han sido refrendados hace pocos meses los tribunales.

Los Presupuestos del Estado para 2018, que han comenzado a tramitar el Congreso de los Diputados, llevan incorporada una modificación en la legislación estatal del juego de la que salen bastante beneficiadas las empresas que operan en red. El texto modifica los tipos de gravamen del Impuesto sobre Actividades del Juego con un cambio en el sistema de recaudación para el grueso de los tipos de apuestas deportivas, a excepción de las que dependen de Loterías y Apuestas del Estado. La sociedad estatal tendrá que seguir abonando a Hacienda el 22% de sus ingresos brutos, es decir, las cantidades que ingresa por las quinielas (además del 20% sobre el premio que debe pagar el ganador).

Los cambios más significativos llegan para las llamadas apuestas deportivas mutuas, de contrapartida y cruzadas, rifas o concursos. En la legislación hasta ahora en vigor se fijaban dos tipos de gravamen: uno para los ingresos brutos y otros para los netos (restando los premios). Hasta ahora el juego online podía tributar al 15% en el primer caso o al 25%, en el segundo.

La modificación introducida por Montoro simplifica el sistema y fija una única tributación para las operadoras del 20% sobre los ingresos netos (dinero jugado menos premios entregados). En la práctica significa una rebaja de lafiscalidad de un sector que está basando su expansión en un modelo que se caracteriza por devolver en premios cerca del 95% del dinero apostado. Esto explica que, pese mover alrededor de 13.000 millones de euros en España el año pasado, apenas haya aportado a las arcas públicas cerca de 53 millones de euros.

La fiscalidad será todavía más reducida en Ceuta y Melilla. Los tipos relativos «a las operadoras con residencia fiscal en sus territorios y realmente radicadas» en las ciudades autónomas se rebajan a un escaso 10% sobre los ingresos netos. La bonificación del 50 por ciento, que no existía hasta ahora, se justifica en la Ley de Presupuestos de forma similar a lo exigido para los demás tributos del sistema fiscal español. Se trata de «trasladar los beneficios fiscales que se recogen en otros impuestos para ambas ciudades autónomas».

Esta asimilación, que no se había producido hasta ahora en una actividad tan sensible como el juego y, más concretamente, en el juego ‘online’, llega en un momento de transición en el sector. Para controlar las cantidades jugadas, la ley obliga a todos los operadores a disponer de URL con extensión ‘.es’ con licencia en España para poder ofrecer apuestas en red. Sin embargo, es habitual que estas empresas dispongan de matriz en emplazamientos de la UE de baja fiscalidad. Además de los ‘campeones’ nacionales del sector como Codere o Cirsa, operan con clientes españoles enseñas como Betmotion, Bwin, William Hill, Pokerstars o 888Sport. Sus centrales operativas no están en Madrid, Barcelona o Valencia, sino en Gibraltar o Malta. Son estas sociedades en paraísos fiscales las que tramitan y obtienen las licencias que expide el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Ordenación del Juego.

Fuente: elconfidencial.com