La Cámara de Diputados aprobó con 297 votos a favor, 34 en contra y 17 abstenciones, el dictamen con proyecto de decreto que expide la nueva Ley Federal de Juegos con Apuesta y Sorteos.

El diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (PRI), presidente de la Comisión de Gobernación, fundamentó que la reforma es un esfuerzo colectivo de todos los grupos parlamentarios; del gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, y de distintas asociaciones de empresarios y grupos de la sociedad civil que participaron en el diseño de estrategias del juego responsable y para prevenir el delito.

Resaltó la trascendencia de esta nueva normativa, ya que la ley vigente data de 1947 y México ha tenido transformaciones profundas que demandan un cambio de paradigma en torno al fenómeno del juego y los sorteos, vinculado al esparcimiento responsable.

Explicó que en la nueva ley se establecen los ejes de protección al participante, las políticas públicas para un juego responsable, la salvaguarda del derecho humano a la salud mediante los criterios de atención y prevención de la ludopatía y la protección a los grupos vulnerables.

También se crean reglas claras y transparentes que brindan seguridad jurídica y certeza a las personas que invierten en la industria del juego en México.

“Como claro contraste con la normatividad actual, se prescinde de un catálogo o una definición sobre los juegos permitidos, se abre la puerta para que en nuestro país pueda realizarse toda clase de juegos con apuesta, como por ejemplo cartas y las máquinas tragamonedas, bajo ciertos estándares que brinden la seguridad al participante”, agregó.

Otro de los cambios fundamentales, indicó el diputado Moreno Cárdenas, es la creación del Instituto Nacional de Juegos y Sorteos que será la autoridad encargada de regular esta actividad en México, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que sustituirá a la actual Dirección General de Juegos y Sorteos.

“La nueva ley contempla la sustitución de los actuales permisos. Se manifiesta en contra del juego ilegal, para lo cual el instituto contará con un cuerpo de inspectores certificados, así como de facultades para clausurar establecimientos sin permisos o dictar sanciones que podrán ascender hasta los 200 mil salarios mínimos. Del mismo modo, establece que sólo podrán ingresar los mayores de 21 años, en concordancia con los criterios de la Organización Mundial de la Salud”, concluyó.

Al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, el diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (PRI) destacó que con este nuevo marco jurídico se evidencia el compromiso del Poder Legislativo por fortalecer el Estado de derecho. “No haber adecuado antes la Ley de Juegos y Sorteos ha traído consigo episodios que lamentamos profundamente”.

Estamos, dijo, creando un modelo legal que nos permitirá abordar los juegos y sorteos desde un esquema de modernidad. “Se deja atrás un régimen normativo prohibicionista y se da paso a una política de regulación precisa y efectiva, acompañada de lineamientos claros y de regulación transparente, con cero margen a la discrecionalidad a la corrupción y permite el desarrollo adecuado y normado de esta industria a través de la creación del nuevo instituto de juegos y sorteos”.

Comentó que el grupo parlamentario del PRI y el gobierno federal consideran que se debe transitar hacia un nuevo paradigma: “los juegos de apuesta en México deben ser una oferta de entretenimiento con estándares de cumplimiento y regulación transparente”.

Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez (PAN), presidenta de la Comisión Especial de Juegos y Sorteos, dijo que la nueva ley es un instrumento legislativo de vanguardia; reconoce que existe el juego pero determina que deberá ser legal, controlado y con alta responsabilidad social.

Por primera vez en el ámbito legislativo, añadió, se reconoce a la ludopatía como una enfermedad, además de que se busca salvaguardar los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad para evitar efectos dañinos en niños, adolescentes, personas en estado de interdicción o de quienes ya sufren esta adicción.

Mencionó que en congruencia con lo señalado por la Organización Mundial de la Salud, propone que la edad mínima para entrar a los centros de apuesta sea a partir de los 21 años.

Fernando Belaunzarán Méndez (PRD) manifestó su voto a favor, aunque señaló que la ley se queda corta. “Lo peor es no tener nada”, dijo. Destacó que actualmente hay una ley que prohíbe los juegos y sorteos y, por otro, un reglamento que lo posibilita.

“Estamos en el peor de los mundos, lo que ha generado opacidad y discrecionalidad”, acotó.

“Esta ley es un buen paso para regular los casinos y es un avance la creación de un instituto nacional, pero ¿quién nombra a los funcionarios? es la Secretaría de Gobernación. Hubiera sido muy sano separar el vínculo perverso entre política y juego”, refirió.

Mónica García de la Fuente (PVEM) destacó que la nueva ley permitirá combatir los fraudes de operadores en contra de los consumidores; asimismo, plantea sistemas para comprobar la residencia del jugador, la verificación de su edad, los montos, la protección de datos, modalidades para el bloqueo de pagos y los servicios de juego en línea.

“Se establecen las bases y límites para la autorización, el control, la vigilancia y la inspección, así como las sanciones de conductas relativas a los tipos de juegos con apuestas y sorteos, ya sea de tipo administrativo o penal, es decir, aquellos delitos que atenten contra el juego responsable”, indicó.

Ricardo Mejía Berdeja (MC) señaló que cuando iniciaron los trabajos de la Comisión Especial para investigar los permisos para las casas de apuestas, había en el país 385 casinos y 70 ilegales. Hoy existen 286 en todo el país”.

Asimismo, agregó, existen a la fecha 350 mil máquinas tragamonedas, pero con esta ley se van a prohibir en establecimientos como misceláneas, tiendas o farmacias y solo operarán en casinos.

“Lo queramos o no, el juego con apuesta siempre va a existir” y de prohibirse, advirtió, habrá clandestinaje de bingos, casinos y casas de apuesta ilegales y no habrá regulación del Estado capaz de someter esta actividad; de ahí, dijo, la importancia de esta ley.

Magdalena del Socorro Núñez Monreal (PT) se pronunció en contra al argumentar que la nueva legislación no contribuye a enaltecer al ser humano; “por el contrario, abona al deterioro del tejido social, tan lesionado en nuestros días”.

Recordó que la Comisión Especial de Juegos y Sorteos se conformó para indagar el funcionamiento de las instancias del gobierno federal relacionadas con el otorgamiento de permisos en el sexenio pasado y en el actual, “no para ser un cuerpo colegiado al servicio de la Secretaría de Gobernación. Lo que importa nuevamente es el negocio a costa de lo que sea, aunque se ponga en riesgo una vida humana”, puntualizó.

De Nueva Alianza, el diputado Rubén Benjamín Félix Hays, dijo estar convencido de que los juegos y sorteos en el país deben contar con un marco regulatorio eficaz, eficiente y confiable, que permita a los empresarios invertir de forma segura, transparente y controlada en este sector que genera empleos, turismo y da pie a organizaciones exitosas.

Por otra parte, el legislador hizo un llamado a la dirección general de Juegos y Sorteos de la Secretaria de Gobernación para que aclare los siete permisos otorgados el pasado 27 de noviembre a favor de una empresa llamada Ur Umazal Top S.A. de C.V., creada en agosto de 2014, a una semana de discutirse la nueva Ley y cuando estaba vigente el acuerdo para no otorgar nuevos permisos hasta no contar con una nueva Ley.

Se manifestaron en contra los diputados Manuel Huerta Ladrón de Guevara y Lilia Aguilar Gil, del PT, en tanto que a favor se pronunció Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza.

Posteriormente fueron reservados para su discusión en lo particular los artículos 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 30, 34, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 52, 53, 54, 68, 70, 71, 72, 141, 142, 143, 146, 159, 160, 163, 172, 182, 185, 190, 194, 195 y 204, así como la adición de un artículo transitorio, propuestas que fueron rechazadas por el Pleno y aprobados en los términos del dictamen con 229 votos a favor, 63 en contra y 9 abstenciones.

El dictamen se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.