Panamá promulgó la Ley 527, que establece un nuevo marco regulatorio para prevenir y controlar la ludopatía. La ley fue publicada en el Boletín Oficial y se aplica a casinos, plataformas de apuestas en línea y otros operadores de juegos de azar.
La medida considera la ludopatía como un riesgo para la salud pública y otorga al Poder Ejecutivo un plazo de hasta seis meses para su aprobación. Las autoridades citaron el rápido crecimiento de las apuestas digitales, especialmente entre jóvenes y menores de edad, como motivo de la implementación de las nuevas normas.
Nuevas obligaciones para los operadores
La Ley 527 introduce límites de gasto y de tiempo obligatorios para los usuarios de servicios de apuestas digitales. Los operadores también deben proporcionar notificaciones automáticas cuando se detecte un comportamiento sospechoso en los sitios web de apuestas.
Los controles de edad e identidad también serán más estrictos. Los operadores en línea deberán instalar sistemas biométricos para verificar a los usuarios e impedir el acceso a menores de 18 años.
Requisitos para casinos terrestres
Los casinos terrestres también deberán cumplir con nuevos requisitos tecnológicos según la ley. Deberán instalar sistemas de reconocimiento facial para identificar a las personas excluidas por la Junta de Control del Juego.
Las autoridades vincularon este requisito a controles de acceso más estrictos y a la prevención del juego entre menores. El mismo marco normativo también busca reducir el riesgo de ludopatía mediante la identificación temprana y medidas de exclusión.
Mayores facultades para combatir los sitios web no autorizados.
La ley otorga a la Junta de Control del Juego mayor autoridad para bloquear servicios de juego no autorizados. Ahora, la junta puede restringir sitios web, aplicaciones, dominios y direcciones IP que operen fuera de Panamá sin una licencia panameña.
Las empresas de telecomunicaciones deben implementar estas restricciones dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la orden. Si una empresa se niega, puede enfrentar una multa de hasta un millón de balboas.
