Varias de las principales operaciones delictivas de corrupción, narcotráfico o prostitución de nuestro país tienen en común un reguero de números ganadores de la Lotería. Bajo los boletos agraciados se esconde una práctica fraudulenta: la compra de billetes premiados por cantidades superiores a lo ganado con el objetivo –por parte del comprador– de blanquear dinero.
El último caso es el de David Marjaliza supuesto cabecilla de un amplio entramado empresarial núcleo de la organización criminal desmantelada en la operación Púnica. Entre diciembre de 2002 y marzo de 2004, el socio y amigo de Francisco Granados ganó ocho premios (seis de Lotería Nacional y dos de la ONCE) y se embolsó 257.412 euros por ellos, según consta en un informe de Hacienda incluido en el sumario de la operación Púnica.
¿Cuáles son los pasos que se suelen dar en estos casos? «En muchas ocasiones todo comienza en la entidad financiera en la que el ganador deposita el dinero. Algún empleado alerta a la red y entonces le hacen una oferta al que se ha llevado el premio», describe Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).
Segundo paso: ¿A cuánto suele ascender la oferta? Desde Gestha calculan que se suele ofrecer al poseedor del billete agraciado en torno a un 20% de sobreprecio frente a lo ganado, aunque desde que los premios de la Lotería tributan a un tipo del 20% –con los primeros 2.000 euros exentos–, los técnicos de Hacienda admiten que este margen ha aumentado. «El sobreprecio está entre el 10% y el 30%», estima Cruzado.
Engaño para los agraciados
Estas prácticas entrañan riesgos elevados. La maniobra supone, en palabras de Gestha, «un auténtico engaño para los agraciados», quienes difícilmente podrán acreditar el origen de esos fondos ante una inspección tributaria, pudiendo terminar con un acta de suspensión que supere, entre la deuda y la sanción, más de la mitad del importe ganado.
A modo de ejemplo, un contribuyente con unos ingresos brutos anuales de 30.000 euros que resultase agraciado con un premio de 300.000 euros y que optase por vender su billete a un defraudador a cambio de 350.000 euros, podría verse obligado a pagar al Fisco más de 175.000 euros en caso de que se descubriese la ganancia patrimonial no justificada, calculan desde Gestha.
«Los ganadores reales suelen invertir el dinero del premio en bienes en metálico», afirma el presidente del sindicato. A ello se le suman riesgos adicionales. «A partir de 120.000 euros de fraude se comete delito fiscal. Además de tributar lo ganado al marginal máximo del IRPF –del 52%– puede acarrear responsabilidad penal», subraya Carlos Cruzado, quien admite que la práctica de blanquear dinero a través de boletos ganadores ha caído en desuso frente al pasado. «Ahora los defraudadores aprovechan otras vías de escape frente al Fisco como transferencias a paraísos fiscales», incide.
Ejemplos de «ganadores»
Los casos de números adquiridos para disfrazar fraudes fiscales son variados. Por ejemplo, a la familia del cerebro de la operación Malaya, Juan Antonio Roca, le tocó en apenas seis meses cinco premios por valor de 646.033 euros. El propio Roca admitió comprar los billetes premiados de lotería, quiniela y Bonoloto para «evitar el impuesto del dinero que tenía» en caja.
Fuente: abc.es
