Empresas y asociaciones de diversos sectores se dirigen al Ministerio de Economía para denunciar leyes autonómicas que obstaculizan su actividad. La ‘troika’ visitó recientemente España para vigilar si existen incoherencias administrativas y trabas burocráticas. El Ejecutivo aún no ha impuesto ninguna sanción.
Un turista alemán que recorre toda España pasa una noche en un hotel de Asturias. El hotel tiene tres estrellas. Unos días después, en una localidad de la costa valenciana, duerme en un alojamiento de la misma cadena con idénticas características: misma habitación, mismos servicios… Sin embargo, en este caso la categoría es de solo una estrella. ¿Cómo es posible?
La anécdota es imaginaria pero refleja una situación real: la falta de criterios homogéneos en las comunidades autónomas para la calificación de hoteles, incluso de una misma cadena. Es una de las muchas razones por las que nació la Ley de Unidad de Mercado, que justo ayer cumplió un año desde su entrada en vigor. La norma intenta corregir la multitud de incoherencias que han creado en las últimas décadas los gobiernos autonómicos y municipales, lanzados en una espiral de aprobación de leyes (casi 120.000 en la etapa democrática) que entorpece la labor de empresas de todo tipo.
Recientemente, la troika (organismo inspector formado por la Comisión Europea, el FMI y el BCE) se reunió con dirigentes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para revisar si realmente la Ley de Unidad de Mercado está teniendo efecto. Desde su entrada en vigor, la Ley incluye un mecanismo de reclamación con el que las compañías o asociaciones que se consideren afectadas pueden presentar sus quejas, que son analizadas por la Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado, órgano formado por técnicos de todas las Administraciones encargado de velar por este principio jurídico incluido en la Constitución pero deformado por los excesos del Estado autonómico.
Disparidad
Cierta cadena hotelera internacional –no facilita el nombre– ha sido una de las supuestamente damnificadas, y por eso este verano envió una queja formal ante el Ministerio de Economía para denunciar las «dificultades para explotar su modelo de negocio en igualdad de condiciones en España», ya que «dependiendo de la comunidad autónoma en la que se ubique el establecimiento, un mismo modelo de negocio, con idénticas características, puede ostentar 1, 2 o 3 estrellas por motivos dispares».
En concreto, el denunciante afirma que en una determinada provincia se edificó un hostal –calificado con una estrella en otras comunidades– que ni siquiera llegó a recibir la categoría de pensión, lo que impidió su apertura. La compañía afirma que esa «inseguridad» hace que algunas «empresas internacionales se planteen seriamente la inversión en España por las dificultades que la falta de homogeneidad entre las distintas normativas autonómicas plantea en la explotación».
«El director de la CIA, Leon Panetta, ha dicho que Obama tiene mentalidad de profesor de Derecho, porque cree que los problemas solo se solucionan aprobando leyes», explica Andrés Betancor, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pompeu Fabra. «Al Gobierno español le pasa lo mismo, está lleno de políticos con mentalidad de juristas que cree que con sacar una ley se arreglarán los problemas de la unidad de mercado. La ley está muy bien, tiene unos buenos principios, pero lo realmente difícil comienza ahora, cuando debe mantenerse el pulso reformista y solucionar problemas concretos», asegura.
A lo largo de los últimos meses, la página web del Ministerio de Economía viene colgando reclamaciones similares de sectores como el juego, la agricultura, la industria, la educación o… los servicios funerarios (ver página siguiente), donde los afectados explican su caso y donde el Consejo de Unidad de Mercado ofrece su informe (no vinculante) al respecto.
Una de las denuncias, interpuesta por una asociación de fabricantes de máquinas recreativas, explica que Cataluña y Galicia exigen a los proveedores de máquinas de videojuegos los mismos protocolos y permisos de instalación que los de las máquinas tragaperras. Éstos son más exigentes, requieren el pago de «elevadas fianzas» en el Registro del Juego y solo permiten su instalación en determinados locales de juego y hostelería. El denunciante sostiene que las de videojuegos «no son máquinas de juego, sino un servicio de ocio», por lo que no deben estar sometidas a la misma regulación que las máquinas con premios en metálico, cosa que sí hacen las legislaciones catalana y gallega. Sin embargo, el informe del Consejo de Unidad de Mercado explica que tanto la Xunta como la Generalitat ya están modificando sus respectivas regulaciones para evitar este abuso.
Menos trámites
La Ley de Unidad de Mercado no trata solo de solucionar las incoherencias entre diferentes comunidades, provincias o municipios, sino también simplificar trámites y reducir la burocracia. Por eso algunas compañías y asociaciones denuncian «unos requisitos de solvencia técnicos y económicos innecesarios y excesivos», como es el caso de una asociación de empresas de bicicletas que protesta por las condiciones del lote nº5 del concurso convocado por el Ayuntamiento de Madrid para poner en marcha el servicio público de alquiler de bicicletas, en funcionamiento desde mayo y famoso por los fallos que dio en sus comienzos. El Ministerio de Economía se ha abstenido de valorar el caso, ya que tanto los pliegos como la adjudicación fueron anteriores a la Ley.
Además de las soluciones técnicas que puedan aportar el Gobierno y la CNMC, la aplicación real de la Ley de Unidad de Mercado en toda España es sobre todo un desafío político, ya que tres comunidades (Cataluña, Andalucía, País Vasco y Canarias) la han recurrido ante el Tribunal Constitucional al considerar que vulnera su autonomía.
«Realmente la Ley es un recordatorio de las competencias que, según la Constitución, tienen el Estado y las comunidades autónomas. El problema es que muchas comunidades han legislado mucho más allá de sus atribuciones constitucionales», señala Raquel Ballesteros, socia de Derecho Administrativo del bufete Bird & Bird. «En ámbitos como la sanidad o el consumo, las comunidades han adoptado medidas por su cuenta, como la fijación de precios de los medicamentos. Pero hay que recordar que ésta es una responsabilidad exclusiva del Estado central, del mismo modo que en el sector de la defensa una comunidad autónoma no puede comprarse un submarino o un portaaviones», explica.
Efectivamente, otra de las quejas presentadas condena la regulación de las subastas de fármacos en Andalucía. La empresa denunciante urge a las autoridades a revisar la aplicación de la Ley para «eliminar las barreras de acceso y la libertad de circulación de los productos que se impiden con la legislación andaluza». Se trata de una batalla legal en la que han participado tanto el Gobierno central como las principales asociaciones farmacéuticas, que han recurrido la ley andaluza ante el Constitucional.
De momento, pese al medio centenar de expedientes abiertos sobre supuestas vulneraciones de la unidad de mercado, ni el Gobierno ni la CNMC han impuesto ninguna sanción ni derogado ninguna ley autonómica o local.
Trabas para instalar máquinas de juego
La instalación de máquinas recreativas exige unos requisitos técnicos y legales, en función de qué tipo de máquina se trate. Para las ‘tragaperras’ son más exigentes, y precisan una fianza en Registro del Juego. Pero en algunas comunidades también se fijan criterios estrictos para aquellas que no premian con dinero, como las de videojuegos.
Muchos controles a la exportación
Las relaciones comerciales entre diferentes comunidades también plantea problemas a la unidad de mercado, sobre todo si existe una barrera geográfica como la que separa Canarias de la Península. En concreto, las empresas protestan por los excesivos controles sanitarios de los intercambios de frutas y hortalizas, tanto desde el punto de salida como del de llegada.
Presencia física de ‘profes’ de autoescuela
Algunas autoescuelas han optado por impartir sus lecciones exclusivamente por Internet, pero una nota de la Dirección General de Tráfico indica que «los programas de enseñanza (…) deben ser de carácter presencial». El Consejo de Unidad de Mercado, en su informe al respecto, indica que ese requisito de la DGT no es «ni necesario ni proporcionado».
Subastas regionales de medicamentos
Desde hace más de dos años, el Gobierno central mantiene un litigio con la Junta de Andalucía por las sucesivas subastas de medicamentos que realiza la comunidad autónoma para lograr precios más baratos para el consumidor. El Ejecutivo y las empresas consideran que esas subastan infringen la unidad de mercado, ya que se trata de una competencia estatal.
Licencia local para antenas en tejados
Un habitual obstáculo a la actividad económica en España suele ser la exigencia de licencias municipales para desarrollar un determinado negocio. Así ha sucedido en los últimos años con la instalación de antenas de comunicaciones en los tejados particulares. El Ministerio de Economía opina que esas licencias son contrarias al mercado único.
Fuente: expansion.com
