Por su parte, el diputado del PP-A Pablo Venzal ha manifestado que si de algo hay regulación es sobre el juego, por razones económicas, sociales y de orden público, pero el juego siempre ha ido por delante de la ley, en términos de marketing, publicitario o de patrocinios.
Ha indicado que lo que plantea el PSOE-A en su iniciativa en relación con la ludopatía y los espacios físicos de juego está «más que regulado».
El diputado de Ciudadanos Ramón Samper ha indicado que no se entiende por qué el PSOE-A no planteó esta norma cuando estaba en el Gobierno andaluz y parece que ahora «le han entrado las prisas por recuperar el tiempo y la iniciativa perdida». Ha aludido a las limitaciones que tiene Andalucía a la hora de hacer frente a las apuestas y juegos de azar on line, por cuanto las competencias son del Estado. Ha manifestado que se requiere de un cambio normativo, pero que tiene que ser unificado en el conjunto de España y se tienen que revisar las normativas autonómicas en materia de juegos, porque ahora las leyes son dispares.
La portavoz parlamentaria de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, ha apoyado modificaciones de las normativas andaluza y estatal para que haya una ofensiva por parte de los poderes públicos contra las cifras tan preocupantes sobre adicción al juego en España, que se está cebando especialmente con los jóvenes de los barrios obreros. «Ya vamos tarde y el problema tiene unas dimensiones tremendas», ha advertido.
La diputada de Vox María José Piñero ha considerado que la proposición de ley del PSOE-A es «oportunista» y evidencia cierto «discurso sentimentalista». Ha indicado que el juego patológico es una adicción, que supone en España el 5 por ciento de todas las adicciones, y representa la tasa más baja en Europa. Para Piñero, cualquier adicción tiene que ser ataja de raíz, pero hay que hacerlo «con cabeza» y no a través de la «demagogia» con la que el PSOE-A plantea su iniciativa. Ha recordado que la regulación y el control del juego on line, donde se dan los mayores casos de adicción entre menores, es competencia del Estado.
Fuente: eldiario.es
