Teresa Fuentes, secretaria de Hacienda de Puerto Rico

Detrás de la propuesta enmienda a la reforma contributiva para eliminar el impuesto por inventario está la intención de revivir la llamada videolotería para permitir a los operadores de las máquinas de entretenimiento para adultos pagar premios en metálico.

La propuesta legislativa impulsada por el presidente de la Comisión Cameral de Hacienda, Antonio Soto, busca que las máquinas de entretenimiento para adultos ubicadas en los establecimientos y panaderías puedan pagar premios en efectivo, mediante un sistema para interconectarlas con el gobierno para allegar alrededor de $100 millones.

Esta idea de conectar las tragamonedas existentes al Departamento de Hacienda a cambio de permitir que puedan pagar premios ya había sido impulsada por un sector de operadores de máquinas de entretenimiento de adultos durante el pasado año.

Por su parte, el ejecutivo podría estar realizando esfuerzos con Caribbean Cage para establecer un sistema de nuevas máquinas interconectadas que traería la compañía estadounidense.

Ambas iniciativas, ahora con el propósito de eliminar el impuesto a la propiedad de los comerciantes e industriales, reviven la lucha entre los operadores locales de las llamadas tragamonedas, la industria hotelera de casinos y Caribbean Cage, empresa que pretende establecerse en la isla desde principios de la pasada década como fuente para allegar fondos al gobierno.

Se alega que en la reunión estuvieron presentes representantes del equipo de Caribbean Cage, incluyendo: Bob Washington (Caribbean Cage), Edward King (Morgan Stanley), Brendan Hanes (IGT), Scientific Games, Aristocrat Gaming, Claro Puerto Rico y Banco Popular.

La reunión se dio a solo cuatro días de la fecha límite que el propio Departamento de Hacienda estableció para la cancelación y renovación de las licencias de los operadores de máquinas bajo la ley 108, según la fuente.

Aunque en abril de 2017 el gobierno aprobó esa ley para aumentar de $2,500 a $3,000 el pago de la licencia para operar las máquinas de entretenimiento para adultos, muy poco se sabe de las gestiones realizadas por el Departamento de Hacienda para poner en vigor el nuevo estatuto que figuraba en las medidas de ajustes fiscales del pasado.

La Ley 108 dispuso que el Departamento de Hacienda debía cancelar licencias antes del 31 de octubre de 2017, por lo que los dueños de máquinas debían renovar sus licencias pagando $3,000 por licencia. Tras el paso del huracán María, la implantación de la ley fue aplazada al 31 de marzo de 2018.

La medida buscaba allegar fondos en cumplimiento con el plan fiscal y diferenciar las máquinas de entretenimiento para adultos de las máquinas de juegos para niños para efectos de la cuantía de pago de licencias.

Estas máquinas ubicadas en panaderías y negocios son similares a las que se juegan en los casinos, pero como supuestamente no pagan premios, los operadores pagaban el marbete de $100 como si fueran máquinas de juegos electrónicos, que son mayormente las utilizadas por niños en centros de videojuegos.

La comisión cameral de Hacienda se encuentra trabajando las enmiendas al proyecto de reforma contributiva, que incluiría su propuesta para interconectar las máquinas de entretenimiento para adulto con el propósito de subsanar la eliminación del impuesto al inventario.

La secretaria de Hacienda, Teresa Fuentes ha planteado que la discusión se debe dejar fuera del proyecto de reforma contributiva.