Un comité de la Cámara de los Lores ha pedido prohibir casi toda la publicidad de apuestas en el Reino Unido, aplicando unas restricciones similares a las que pesan sobre el tabaco.

La medida afectaría a los anuncios de casas de apuestas y casinos en televisión, internet, redes sociales y retransmisiones deportivas. Las recomendaciones se centran en Gran Bretaña, ya que Irlanda del Norte tiene sus propias competencias sobre el juego.

Hasta 1,5 millones de afectados

El informe Gambling Harm—Time for Action acusa al Gobierno de haber reaccionado de manera “demasiado pasiva” ante el crecimiento de la publicidad digital y las promociones realizadas por influencers.

Según sus principales cifras:

  • Entre un millón y 1,5 millones de adultos pueden tener problemas con el juego.
  • El sector obtuvo alrededor de 12.600 millones de libras en rendimiento bruto, una vez descontados los premios.
  • Las empresas gastan más de 1.000 millones de libras anuales en publicidad.

El comité relaciona el juego problemático con las deudas, la ruptura de relaciones familiares y los problemas de salud mental. En los casos más graves, puede contribuir al suicidio.

Los lores también consideran contradictorio que el Gobierno quiera reducir los daños del juego y, al mismo tiempo, favorecer el crecimiento económico del sector.

Las casas de apuestas rechazan la medida

La Betting and Gaming Council, patronal de las principales compañías, sostiene que no existen pruebas concluyentes de que la publicidad cause directamente problemas con el juego.

También advierte de que una prohibición podría beneficiar a las plataformas ilegales, que no están sometidas a las normas británicas de protección al consumidor.

El comité reconoce la amenaza del mercado clandestino, pero asegura que no hay pruebas sólidas de que limitar los anuncios de operadores legales vaya a provocar un desplazamiento masivo de jugadores.

La publicidad del juego se liberalizó con la Gambling Act de 2005. Desde entonces, su presencia se ha extendido por el deporte y las plataformas digitales.

Por ahora, la prohibición es solamente una recomendación parlamentaria. El Gobierno deberá decidir si la convierte en una reforma legal.