La venta de acciones de los tres casinos propiedad del Cabildo de Tenerife, que la anterior Corporación insular sacó a concurso público por 24,9 millones de euros, solo ha despertado el interés de una única empresa.
A pesar de que en un primer momento hasta cuatro compañías se inscribieron para conocer la situación de estas sociedades públicas cuando la Institución anunció su enajenación, en la actualidad la mesa de contratación solo está analizando la oferta de una.
Así lo ha confirmado el director insular de Coordinación y apoyo al Presidente, Aarón Afonso (PSOE), quien explica que una vez finalizado el plazo para presentar ofertas solo se ha recibido una, que en estos momentos está siendo analizada de manera técnica por la mesa de contratación. «Ahora mismo se está revisando si esta empresa cumple con los requisitos para poder participar», indica Afonso.
Tras este trámite, si la compañía cumple con todos los condicionantes, se procederá a abrir el sobre tres, que contiene la oferta económica.
Será en este momento del procedimiento cuando «se deberá tomar la decisión política de si se continúa con la enajenación o no, siempre teniendo en cuenta el margen que jurídica y técnicamente se permita». Aunque Afonso reconoce que, si la compañía cumple con todos los requisitos y finalmente se toma la decisión de paralizar esta operación, esto implicaría consecuencias. Incluso podrían derivar en compensaciones económicas para la empresa que ha participado en el proceso de licitación por los gastos que hubiera generado tras presentarse al concurso. «Es un procedimiento que está avanzado y cualquier decisión estaría condicionada por todos estos elementos», incide.
Venta
Este es el estado actual de un proceso iniciado por la anterior Corporación insular. Una venta de los tres casinos -ubicados en Santa Cruz, Puerto de la Cruz y Las Américas-, que fue objeto de polémica durante la pasada legislatura, ya que, a pesar de que su enajenación se aprobó por mayoría en el pleno, fue muy criticada por el grupo de Podemos, que incluso ha llevado el caso ante la Justicia, primero por supuestas irregularidades en la gestión económica de estas entidades y el pasado mes de mayo al considerar que se habían licitado por un precio muy inferior a su valor real.
De hecho, la semana pasada se conoció que la Fiscalía Provincial ha interpuesto una denuncia ante el Juzgado Decano de Santa Cruz de Tenerife solicitando que cite en calidad de investigado al gerente de Casinos de Tenerife, Gildo Hernández. El Ministerio Público quiere que se investiguen unos hechos que pueden ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.
En concreto, la denuncia a la que ha tenido acceso El Día hace referencia a una serie de irregularidades en las auditorías de 2012, 2013 y 2014 de los tres casinos públicos, así como en algunos procedimientos de contratación de proveedores y empresas, la adquisición de bienes ajenos al objeto social de estas empresas, adjudicaciones directas a contratistas, entre otros procesos.
Discrepancias políticas
El futuro de los tres casinos insulares tendrá que ser dirimido a partir de ahora por la nueva Corporación insular, que surgió después de que triunfara la censura contra el nacionalista Carlos Alonso. Sin embargo, las posiciones de los tres partidos que apoyaron la moción parecían discrepar respecto a la venta de estas entidades. Mientras el PSOE pactó con Sí Podemos Canarias -en un acuerdo en el que se plasmaron los principales ejes de actuación que debía seguir el Cabildo de Tenerife- valorar alternativas a la venta de los casinos, los socialistas acordaban con los dos consejeros de Ciudadanos (Cs) seguir ahondando en el proceso de reestructuración de las empresas públicas.
Sin embargo, para la mano derecha del presidente Pedro Martín (PSOE) «no hay discrepancias», ya que Afonso asegura que mientras en el acuerdo de gobierno con Cs se estipula que «es necesario analizar cuál es la situación de las empresas públicas en el ámbito insular», en el caso de Sí Podemos, lo que ha planteado es que «cuando se lleven a cabo determinadas decisiones que afectan al sector público debe ponderarse y valorarse el empleo que se está generando y más si ese empleo es de calidad».
En el caso concreto de los casinos participados al cien por cien por el Cabildo de Tenerife, para Afonso «la mayor parte de los responsables e incluso de los ciudadanos se cuestionan que los casinos deban estar en el marco del sector público insular».
Sin embargo, «una vez que forman parte de él, es necesario analizar cuál es la situación de los trabajadores». En este sentido, Afonso argumenta que los pliegos técnicos contemplan «que el empleo se mantenga durante dos años a los trabajadores que sean subrogados por la empresa adjudicataria».
Aun así, Afonso reiteró que en estos momentos lo que se está practicando en el análisis técnico de este expediente para que «la mesa de contratación constate si finalmente la única empresa presentada cumple los requisitos».
Una vez se realice este paso, «podremos decidir si es posible o no paralizar el proceso desde el punto de vista político, o si técnicamente estamos lanzados en un procedimiento en el que si se cumplen todos los requisitos es necesario conceder la enajenación».
Fuente: eldia.es
