Los hosteleros valencianos no van a tirar la toalla. El pasado miércoles, el líder de SOS Hostelería, Fidel Molina, hizo llegar a los portavoces de todos los grupos en Les Corts, un exhaustivo informe jurídico (adjunto) en el que se cuestiona la legalidad de la implantación de un mando de activación y desactivación de las máquinas tragaperras instaladas en los bares.
“El informe es muy contundente y señala que la obligación de este mando vulnera claramente la Constitución”, ha señalado Molina, que ha acusado a los partidos del Botànic de “mentir” cuando sus portavoces dijeron ayer, en una rueda de prensa telemática, que la ley era fruto del “diálogo social”. “Ningún miembro de los partidos del Botànic ha querido hablar con los hosteleros ni sobre la ley ni sobre el informe jurídico presentado”.
En este sentido, Fidel Molina ha anunciado que los hosteleros valencianos están preparando una “dura ofensiva legal” contra la ley del juego, en el caso de que, finalmente, se apruebe la obligación del mando de activación en los bares. El informe jurídico que los partidos del Botànic tienen encima de la mesa, determina que el artículo 48 del proyecto de ley conculca varios artículos de la Constitución Española.
Molina asegura que los hosteleros “vamos a ir hasta el final en defensa de nuestro bares y restaurantes”. En esta línea el líder de los hosteleros valencianos ha avanzado que sus abogados están trabajando en un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero también denunciarán la ley del juego ante la Agencia Española de Protección de Datos y el Parlamento Europeo por vulneración del Reglamento Europeo de Protección de Datos. Los hosteleros han advertido que el sistema de activación-desactivación de las máquinas de tipo B requerirá la “actuación” del personal del local de hostelería para verificar la identidad del posible usuario de la máquina tragaperras previa a su “activación”, con todo lo que ello conlleva de posible conculcación de la normativa reguladora de Protección de Datos de Carácter Personal.
Los hosteleros pedirán también la intervención de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya que, mientras las máquinas tipo B instaladas en los bares tendrán que disponer de un sistema de activación y desactivación e incluso de identificación de cada usuario, previo a su utilización, las entidades de juego público o semipúblico, sin necesidad de autorización administrativa previa, podrán instalar en los bares distintas tipologías de terminales expendedores de juego, sobre los que la Generalidad Valenciana no tendrá ningún tipo de intervención, otorgarán premios millonarios y podrá acceder cualquier tipo de usuario, sin ningún control. El informe considera que esta distinción “estaría conculcando con claridad palmaria, el Principio de Interdicción de la Arbitrariedad” y el de “libre competencia”.
