Los suizos dieron a través de un referéndum su amplio respaldo a una nueva ley que bloquea los sitios web de juegos extranjeros, al tiempo que amplia el tipo de juegos de apuesta que los casas de juego nacionales pueden proponer. La ley recibió el apoyo del 72 % de participantes en el escrutinio.

Contra esa legislación se aliaron las secciones juveniles de partidos de variadas tendencias políticas y que iban desde los Verdes hasta la derecha radical y que lanzaron la iniciativa popular con el fin de dejarla sin efecto.

Los oponentes consideraban que la ley equivalía a una censura de internet, que atentaba contra la libertad económica y de información, y que creaba un precedente que podía luego animar a otros sectores a pedir restricciones similares, al tiempo que otorgaba a los casinos nacionales un monopolio del juego.

El Gobierno, por su parte, defendió la ley explicando las ventajas de que en Suiza solo se puedan proponer juegos autorizados y controlados, para lo cual era necesario bloquear a las empresas que no cuentan con una concesión o autorización para su funcionamiento en Suiza.

En Suiza, las empresas que ofrecen juegos en locales o por internet deben pagar contribuciones en favor de la colectividad y garantizar la protección de los jugadores, bajo el entendido de que los juegos de apuestas pueden causar efectos nefastos para los jugadores. Esas contribuciones son destinadas a los fondos de pensiones y al seguro estatal para casos de invalidez.

Otro argumento de las autoridades en favor de mantener la ley era que las casas de juego autorizadas estaban obligadas por la legislación a vigilar que los jugadores dependientes no puedan seguir jugando.