El gerente del Gran Casino Teatro Balear, José Antonio Fernández, afirmó ayer que los problemas que su empresa mantiene con el Ayuntamiento de Palma se deben a que «ganó el concurso convocado por el Govern quien no debía«. Fernández se refiere con esta afirmación «al hecho que todos conocen» de que tanto el alcalde, Mateo Isern, como el teniente de alcalde de Turismo, Álvaro Gijón, declararon públicamente antes de que el Govern resolviera el concurso que consideraban como «mejor opción» para el nuevo casino la presentada en la Platja de Palma.
Fernández insiste en que su empresa cuenta con todos los permiso para la ejecución de la instalación, puesto que consideran concedida la licencia de actividad y obras por «silencio positivo«. Una cuestión que está en controversia con el Ayuntamiento de Palma, cuya gerencia de Urbanismo, por unanimidad de todos sus miembros, denegó expresamente el pasado 19 de enero la licencia de obras y de actividad, la concesión del permiso por silencio positivo, además de ordenar la paralización de las obras y el precinto de las instalaciones.
Al respecto, el gerente considera que el precinto es «ilegal«, por cuanto insiste en que disponen de la licencia de obras concedida por silencio positivo, aunque no puede aportar ninguna resolución administrativa ni judicial que le reconozca este derecho.
En estas condiciones, y dada la inseguridad jurídica que, a su juicio, ha generado el Ayuntamiento, aconseja a los promotores «que no inviertan en la ciudad» y calificó al equipo de Mateo Isern como «el gobierno de Pancho Villa«.
Obras prácticamente acabadas
Fernández manifestó que su empresa ha invertido en las instalaciones del Teatro Balear «12 millones» y que las obras para la instalación del nuevo Casino «están al 90 por ciento» a la espera de la colocación «de la moqueta, la instalación de la maquinaria, el mobiliario, acabar el bar y la instalación eléctrica» y poco más. Al respecto, el gerente reiteró que «no tenemos nada que ocultar«, e insistió en que «hemos puesto nuestro dinero porque teníamos todos los permisos, cerramos las instalaciones anteriores y tenemos a 200 personas preparadas para trabajar en el nuevo casino«. A su juicio, la actitud de Cort es también «una cortina de humo» para que la opinión pública y los medios de comunicación no descubran el verdadero problema que tratan de ocultar.
Para Fernández, el Ayuntamiento pretende que la empresa no pueda ultimar las instalaciones antes del próximo mes de mayo, cuando finaliza la prórroga de seis meses de vigencia de la autorización para la instalación de Casino concedida por el Govern.
En relación a su negativa a que los celadores municipales entren en las instalaciones del casino con el fin de comprobar si se ha quebrantado el precinto ordenado por Cort y reanudado las obras sin licencia, Fernández indicó que no tienen «ningún inconveniente» en que vaya «cualquier policía de España, aunque la de Palma no porque obedecen órdenes ilegales«.
Fuente: Diario de Mallorca
