La Unión de Trabajadores de la ONCE (UTO-UGT), sindicato mayoritario en la Organización, ha denunciado la «pasividad» de las administraciones públicas contra las loterías ilegales que «abusan de la imagen de la discapacidad y engañan» y ha pedido medidas para acabar con estos cupones falsos.
Vendedores de la ONCE se han concentrado hoy en varias ciudades en el marco de la campaña «El Juego Ilegal NO es un Juego», lanzada por UGT contra el juego promovido por colectivos como la Organización Impulsora de Discapacitados (OID).
El sindicato ha exigido a la administración que actúe contra entidades «manifiestamente ilegales como la OID» que «utilizan la imagen del sorteo de la ONCE, copian sus productos y emplean de forma torticera la discapacidad en su propio beneficio».
«Y, en ocasiones han llegado a agresiones a vendedores de la ONCE», ha denunciado UTO-UGT en un comunicado.
Precisamente, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha asegurado hoy que estas actuaciones se dan al margen del ordenamiento jurídico sin que se clausuren y desmantelen y sin que tampoco se persiga a sus promotores.
Así lo ha señalado el Cermi en Aragón en una nota de prensa, donde ha recordado el «deber inexcusable» de todas las autoridades públicas de hacer cumplir la legalidad.
En España el número de organizaciones ilegales asciende veintidós, con unos 3.600 vendedores y unas ventas anuales de más de 82 millones de euros, según UGT.
Este sindicato considera «muy escasas» las actuaciones contra el juego ilegal, como la imposición de una sanción de 25 millones de euros a la OID acometida por el Ministerio de Hacienda, puesto que «no ha supuesto ningún avance significativo».
Y, como expresa la resolución, se trata de una organización «con plena conciencia del carácter ilegal de su actividad», lo que constituye en «grave atentado contra el orden jurídico».
UGT ha explicado que el juego ilegal «engaña a más de 100.000 personas cada día, muchos de ellos mayores, que consideran que están adquiriendo productos de marcas legales».
Además, ha apuntado que «recauda más de 80 millones de euros al año entre una veintena de supuestas organizaciones» y «explota a personas en situaciones de extrema dificultad y desempleo y no les ofrece ningún tipo de cobertura social».
La campaña «El juego ilegal NO es un juego» se desarrollará en todas las comunidades autónomas con marchas, concentraciones y actos de denuncia exigiendo la actuación urgente de las administraciones.
Fuente: EFE
