actualizado: 14 Nov 2018

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Un golpe para Las Vegas y un desafío ante la OMC

El gobernador John Carney del Estado de Delaware apostó el 6 de junio pasado U$S 10 en el casino Dover Downs a favor de los Philadelphia Phillies contra los Chicago Cubs (de la Liga Nacional de Fútbol Americano –NFL–), oficializando así la primera jugada deportiva legal fuera del Estado de Nevada en un cuarto de siglo, en virtud de un fallo de la Corte Suprema (CS) de mayo de 2018 que derogó la Ley Federal de 1992 que prohibía las apuestas deportivas en todo el territorio de EE.UU.

En efecto, la Ley de Protección de Deportes Profesionales y Amateurs (“Professional and Amateur Sports Protection Act” –Ley Paspa–) prohibía que un Estado “auspicie, opere, publicite, promueva, otorgue licencias o autorice” apuestas deportivas, previniendo que las mismas desnaturalizaran el carácter de entretenimiento saludable de las competencias deportivas convirtiéndolas en un instrumento de los juegos de azar.

En tal sentido, el Congreso contempló las potenciales consecuencias de las apuestas deportivas sobre la integridad en el deporte así como la salud pública, considerándolas un “potencial problema nacional”, por lo que decidió impedir que los Estados pudieran regularlas, disponiendo un veto efectivo a tal efecto. Nevada quedó eximida de la norma, al igual que los casinos ubicados en las denominadas “reservas” de tribus indias en el marco de la Ley Reguladora del Juego Indígena –Indian Gaming Regulatory Act (IGRA)– originada en un fallo de la CS de 1976.

Sin embargo, con el propósito de preservar sus casinos en Atlantic City –sólo segunda a Las Vegas como centro de juego– y promover sus hipódromos, el Estado de Nueva Jersey decidió demandar a la Nación al amparo de la Décima Enmienda de la Constitución, la que estableció, en 1791, que “los poderes no delegados a la Federación por la Constitución, ni prohibidos por ella a los Estados, están reservados a estos últimos o al pueblo”.

Como resultado de esta acción, en mayo de 2018 un fallo de la CS en el caso “Murphy contra NCAA” (“National Collegiate Athletic Association”, asociación que organiza la mayoría de los programas deportivos universitarios), derogó la Ley PASPA, interpretando inconstitucional que el Gobierno Federal pudiera impedir a los Estados decidir al respecto en sus respectivos territorios.

Desde que Delaware tomó la delantera operativa, al menos cinco estados –Nueva Jersey, Rhode Island, Mississippi, Virginia Occidental y Pennsylvania– siguieron su camino, a la espera del inicio de la temporada del fútbol americano en septiembre, habilitando asimismo las apuestas vinculadas al basquetbol, fútbol americano, béisbol y hockey sobre hielo. Algunos estados conservadores –como Utah y Arizona– decidieron mantenerse al margen de este proceso, mientras Wisconsin y California requerirían modificaciones constitucionales a tal efecto.

Por su parte, Nueva York, Kentucky, Connecticut, e Iowa avanzan asimismo en una dirección que parece tender a generalizarse, previéndose competencia interestatal según la carga impositiva aplicada en cada jurisdicción, en la expectativa que hacia 2019 ya operen casas de apuestas “on-line”.

Inicialmente, la modificación legal fue cuestionada por las Ligas deportivas profesionales –NFL, NBA y MLB– así como la NCAA, cuyas competiciones mueven miles de millones de dólares anuales, aunque siempre se han mostrado contrarias a la legalización de las apuestas al considerar que podrían poner en riesgo su integridad, afectando asimismo los cuantiosos contratos televisivos y de merchandising de que disponen. Nadie prioriza más que las propias Ligas las políticas de juego responsable, aun cuando el valor de los equipos profesionales que las integran se ha visto duplicado ante la nueva norma.

Ello ha generado presión para suavizar la tradicional negativa de las ligas, que mientras reconocieron la inevitabilidad de legalizar las apuestas reclamaron 1% –luego reducido al 0,25%– del negocio que se genere en concepto de ‘tasa de integridad’, teóricamente destinada a incrementar la vigilancia para evitar irregularidades, aunque en rigor constituiría un “royalty” por parte de aquellos beneficiados –incluyendo los Estados– hacia la actividad deportiva. Ello plantea una seria polémica en el seno de la NCAA, cuyos jugadores universitarios no perciben remuneraciones pese a mover miles de millones de dólares. De allí que diversos sectores aspiran a que el Congreso recupere la competencia regulatoria del sector a nivel federal.

Cabe observar que en 2017 se concretaron en Nevada –capital del juego, concentrado en Las Vegas– apuestas deportivas por casi U$S 4.900 millones, cifra insignificante en comparación con la estimación de la “Asociación Estadounidense del Juego (AGA)” de que 12 a 15 millones de residentes jugaron en forma clandestina U$S 150.000 millones –30 veces más– en todos los EE.UU. Así, el juego deportivo ilegal concentra casi 97% del total, alentando su legalización la aspiración de cada Estado de recaudar en su territorio importantes ingresos tributarios derivados del mismo. Según cálculos del sector, solo en ocasión del denominado Super Bowl de febrero 2018 (culminación de la temporada donde se enfrentan los campeones de las dos conferencia que integran la NFL) se habrían apostado un total de U$S 4.600 millones, de los cuales 97% por vías informales, lo que permite captar la magnitud de los ingresos tributarios potenciales si las apuestas derivaran al cauce oficial.

En tanto, estimaciones señalan que Nevada recaudaría al presente casi 5% de las apuestas concretadas, por lo que si se extrapola dicho porcentual al total del juego en EE.UU. podrían presumirse ingresos fiscales por valor de U$S 6.000 millones hacia 2023 si 32 Estados legalizaran las apuestas deportivas, y U$S 12.000 si los 50 Estados lo hicieran, sobre la base de U$S 245.000 millones de apuestas previstas.

Aun cuando los efectos de la decisión de la Corte tardarán en trasladarse al sector on-line, ya que deben ajustarse las nuevas legislaciones estatales, cabe prever que ello acontecería en pocos años. Un impulso en tal sentido deriva de que, a diferencia del juego tradicional, las apuestas deportivas atraen en particular al segmento poblacional denominado millenials, lo que fortalecería su dinámica en los próximos años, ya que las encuestas muestran que 70% de los potenciales jugadores son hombres entre 18 y 34 años de edad.

Este proceso se vería a su vez potenciado al preverse la incorporación de apuestas on-line por medio de aplicaciones telefónicas (“apps”) que permitirían formular apuestas sobre el resultado de “jugadas específicas” (“in-game gambling”) mientras el juego está en desarrollo –por ejemplo si la ejecución de un tiro libre culminará en gol–, concretadas en los estadios o fuera de ellos. Finalmente, las apuestas deportivas también generarían ingresos indirectos para los propios organizadores y actores, ya que se estima que 90% de los apostadores se verán motivados a presenciar –in situ o por TV– encuentros en los que hayan apostado.

Otra expansión con importantes perspectivas comerciales derivada de la legalización de las apuestas deportivas se centra en los denominados “deportes de fantasía” (fantasy sports), juegos online donde los participantes conforman equipos virtuales que replican los reales en un deporte profesional. Los equipos –organizados en general como empresas– compiten basados en estadísticas de rendimiento de los jugadores verdaderos, pudiendo los dueños de los equipos intercambiar integrantes, tal como ocurre en las Ligas.

El respectivo rendimiento es convertido en puntos, compilados por cada equipo, y luego supervisados por un “comisionado” que coordina y administra la Liga. Acorde con la Fantasy Sports Trade Association estos juegos nuclean 60 millones de participantes en los EE.UU. y Canadá, que apostaron en 2017 en este insólito desarrollo tecnológicodeportivo U$S 38.000 millones, que podrían ampliarse sensiblemente en el marco del esquema de apuestas legales.

Un aspecto no contemplado por el fallo de la CS concierne a un diferendo por el cual Antigua y Barbuda –minúsculo estado caribeño– litigó a los EE.UU. en 2003 alegando incumplimiento de sus obligaciones dimanantes del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), al haber impedido las apuestas on-line canalizadas desde dicho país en casinos de EE.UU. La OMC falló en 2004 a favor de Antigua, determinando que EE.UU. violaba su Lista de Compromisos específicos relativos al Artículo XVI –acceso a los mercados– sobre los servicios de juegos de azar y apuestas bajo el epígrafe “Otros servicios de Entretenimiento” correspondientes al Modo 1 (prestación transfronteriza) del AGCS. Estados Unidos perdió, asimismo, en apelación, e incumplieron el plazo de un arbitraje posterior para implementar las recomendaciones del órgano de Solución de Diferencias (OSD), no habiendo conformado a la normativa OMC hasta el presente. Por ello, Antigua fue recientemente autorizada por el OSD a aplicar una “retaliación cruzada” en el ámbito del “Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)”, amenazando con la instalación de un centro de emisión de producción fílmica de EE.UU. sin pago de derechos de propiedad intelectual.

¿Se verá obligada el gobierno de Donald Trump a permitir la provisión de servicios online sobre las apuestas deportivas, o dilapidará su credibilidad en la OMC? La decisión de la CS al autorizar las mismas provoca ya una carrera desenfrenada entre Estados y operadores privados para captar un trozo de este nuevo mercado multimillonario, agregando inadvertidamente una nueva controversia multilateral.

Fuente: eleconomista.com.ar

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