«Está prohibido organizar juegos de azar públicos en Internet». Difícilmente se podría escribir más claro que en el artículo cuatro de la Ley Estatal sobre Juegos de Azar de Alemania.
Sin embargo, en el país de la canciller Angela Merkel existe el juego en casinos online. Estos movían nada menos que 1.760 millones de euros en 2018, según los datos que manejan las autoridades de los Länder germanos.
El diario Süddeutsche Zeitung ha descrito este negocio como una actividad «completamente descontrolada», con más de medio millar de empresas ofreciendo juegos online ilegalmente en el país. «Casinos-Online: el Estado no controla los juegos de azar ilegales», titulaba a principios de año ese periódico generalista. Precisamente entonces comenzaron a llegar las primeras denuncias de wirholendeingeld.de, página web cuyo nombre recoge la frase «recuperamos tu dinero«.
Tras ella hay un equipo de cinco personas fundado a finales de 2018 con la idea de llevar a los tribunales aquellos casos de consumidores que, tras haber apostado y perdido dinero en casinos ilegales online, buscan la devolución total o parcial de las cantidades puestas en juego. En algo más de medio año de vida, aseguran haber recuperado cerca de cuatro millones y medio de euros.
«Somos intermediarios, básicamente una agencia de marketing. Llevamos clientes al gabinete de Guido Lenné, uno de los primeros abogados que se ha ocupado de estos temas en Alemania», dice a eldiario.es Ruben Aichinger, uno de los responsables de la web. Lenné es un letrado experto en derecho bancario y de capitales que abrió hace más de una década su bufete y que defiende a clientes cuyo dinero cayó en manos de los responsables del juego ilegal.
Que haya cientos de estas empresas activas en Alemania «es un escándalo», en palabras de Julian Cee, empresario especializado en tecnología aplicada al derecho que también está tras esta web. Su equipo ha logrado lanzar más de 500 casos, logrando recuperar mucho dinero que se podía dar por perdido.
La empresa puede tratar tantos casos con un «comando» de solo cinco personas porque utilizan nuevas tecnologías e Internet a la hora de recoger la información de sus clientes y procesar las reclamaciones. «El proceso no es que esté automatizado, pero lo hacemos todo lo digital que podemos», según Aichinger. A cambio, cobran por sus servicios una vez haya habido una resolución favorable al cliente su comisión (del 35%).
