Los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón aprobaron ayer por unanimidad una proposición no de ley por la que instan al Gobierno de Aragón a «limitar, en la medida de sus competencias», la publicidad y patrocinio de las casas de apuestas deportivas.
Una adaptación legislativa algo suavizada respecto a la que inicialmente defendía Podemos, que abogaba porque quedara «manifiestamente prohibida», pero que a cambio urge más a la DGA, que debería modificar los decretos antes de fin de año.
La propuesta de la formación morada tenía como objetivo atajar el auge de la ludopatía juvenil, que como recordaba el diputado Carlos Gamarra se constata con el hecho de que, en Aragón, el 70% de los casos que ha tratado la asociación Azajer en los últimos cuatro años afecten a jóvenes de entre 18 y 26 años. Y se sabe que les llegan casos de 16 años o menos, que legalmente no pueden (o no deberían poder) apostar.
Antes de la votación de la propuesta, el diputado de la formación morada se anticipó a los razonamientos del resto de grupos, al advertir que Aragón «sí tiene competencias» para esta regulación, nada menos que «una ley y dos decretos» alusivos.
FONDO COMPARTIDO
Todos los grupos políticos se mostraron de acuerdo con Gamarra en el fondo del asunto, el preocupante auge del juego y la «normalización» social de las apuestas deportivas, y así se reflejó en el acuerdo alcanzado. Pero no estuvieron tan de acuerdo en las herramientas, porque, como recordó Darío Villagrasa, del PSOE, la legislación autonómica es «de las más restrictivas» de España en este aspecto. Lo que ocurre, explicó, es que la competencia autonómica no llega a la publicidad de las casas de apuestas por internet, donde para muchos está el problema. Confió en que uno de los puntos del preacuerdo de presupuestos nacionales PSOE-Podemos ayude a acotar este aspecto.
Por su parte, el popular. Fernando González Celaya, que fue quien propuso el cambio de texto para lograr la unanimidad, recordó que el PP ha requerido datos a Sanidad sobre ludopatía en el ámbito rural y planteó una propuesta sobre la distancia de los locales de juego a centros educativos, no atendido.
A juicio de María Herrero, del PAR, la idea es buena pero lo «verdaderamente preocupante» es la adicción de los niños a la tecnología desde pequeños, donde no hay control ni legislación. Carmen Martínez, de CHA, apoyó la PNL desde el grupo mixto pero manifestó que la «maraña competencial» en este asunto acaba por favorecer «a no se sabe qué intereses», pero no a la población. Por su parte, Ramiro Domínguez, de Ciudadanos, que calificó el texto inicial como «excesivamente punitivo», se mostró de acuerdo con que el auge del juego está «descontrolado» y afeó que la DGA premie a salones de juego.
Fuente: elperiodicodearagon.com
