La Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Loterías (Anapal) ha propuesto este martes que los beneficios de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) se destinen a la hucha de las pensiones.

«Según los datos de 2016, el último ejercicio disponible, los beneficios superan los 1.500 millones de euros, cantidad a la que se suma los más de 640 millones destinados a impuestos», ha argumentado la asociación.

Precisamente en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) enviado al Congreso este martes, el Gobierno prevé un resultado positivo de 1.870 millones de euros para la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) en 2018, seis millones menos que en el ejercicio precedente.

En este contexto, el presidente de la Anapal, Josep Manuel Iborra, solicita que los beneficios de la sociedad estatal sean «directamente» derivados a la hucha de las pensiones. «En un momento como este, en el que la estabilidad del fondo de las pensiones es una de las principales preocupaciones de nuestro país, pensamos que tiene sentido reclamar que la venta de lotería sea destinada a este fin y que cada persona que invierte en juego público sepa a qué va dirigido su dinero», ha explicado el presidente.

Por otro lado, Anapal ha reclamado que se elimine o se eleve el importe mínimo del premio a partir del que se cobra un impuesto del 20% –en la actualidad grava a los premios de más de 2.500 euros–. Según los administradores, este gravamen ha tenido «un efecto directo en el descenso de la venta de lotería y, como consecuencia, en los ingresos dedicados a las arcas públicas».

Por otro lado, Anapal ha reclamado que se elimine o se eleve el importe mínimo del premio a partir del que se cobra un impuesto del 20% –en la actualidad grava a los premios de más de 2.500 euros–. Según los administradores, este gravamen ha tenido «un efecto directo en el descenso de la venta de lotería y, como consecuencia, en los ingresos dedicados a las arcas públicas».

En caso de que este impuesto no fuese eliminado, se propone que esta cantidad sea también destinada a la hucha de las pensiones. «La venta de la lotería repercute positivamente en las cuentas del Estado, mantener medidas como esta que perjudican a los administradores y compradores carece de sentido», ha afirmado Iborra.

Finalmente, la agrupación ha destacado que el sector del juego público emplea a unas 15.000 personas en toda España repartidas en 4.200 administraciones y factura más de 8.800 millones de euros anualmente.

Fuente: europapress.es